Imaginemos por un momento una historia de ficción en la que España es una gran empresa. Como tal, tiene un Consejo de Administración -que serían los cuatro principales partidos políticos: PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos- y cada cierto tiempo se celebran las Juntas de Accionistas, en las que se aprueban los proyectos presentados por el Consejo.
Los accionistas de esta compañía, llamada España S.A., son todos los ciudadanos, que exigen a sus dirigentes que cumplan lo prometido y, en definitiva, hagan rentable la actividad empresarial.
Al final de año, como es habitual, la empresa presenta su balance y si se han cumplido los objetivos del Comité de Dirección, se reparte un dividendo entre todos los accionistas.
Sin embargo, si sucede todo lo contrario, si la empresa no ha desarrollado sus proyectos, no vende sus productos y servicios, está excesivamente endeudada y presenta pérdidas año tras año, los accionistas tienen todo su derecho a pedir la dimisión en bloque del Consejo de Administración.
Esta historia de ficción podría ser cierta, porque España no está cumpliendo sus obligaciones. El país va encaminado a las terceras elecciones en un año, la deuda pública supera el 100% del PIB, sigue habiendo una alta tasa de paro, no se están cumpliendo los objetivos de déficit y no se están aprobando los presupuestos necesarios para impulsar el crecimiento del país, algo que ya cansa a Bruselas.
