La línea de avales públicos que ha lanzado el ICO representa la medida estrella del gobierno español para apoyar a las empresas en esta crisis. En total, los 100.000 millones de euros que pretende avalar el estado representan el 68% de las inversiones que va a realizar España para frenar el impacto de la COVID-19 en el tejido productivo.
Su puesta en marcha se está produciendo en fases, con dos primeros tramos activos de 20.000 millones de euros cada uno. El primero de ellos, fue dividido en dos mitades -una para pymes y autónomos, y otro para grandes empresas-, mientras que el segundo está destinado íntegramente para pequeños negocios.
Dicha distribución se ha dejado notar en las cifras que se tienen hasta ahora de esta actuación. Teniendo en cuenta que el 99% de las empresas españolas se encuadran en la categoría de pymes, no es de extrañar que el 98,5% de las operaciones hayan ido a parar a este tipo de compañías.
De ese modo, 184.146 operaciones fueron firmadas por pymes y autónomos, frente al total de 187.006 operaciones totales, por lo que 1.672 operaciones han sido concedidas a grandes empresas. En ese sentido, se cuantifica en 17.267 millones de euros los créditos concedidos a pymes, frente a los 24.452 millones del total.
De ese modo, si las operaciones de este colectivo alcanzaban el 98,5% del total, en términos de cuantía ascienden al 70,6%. Dichas cifras tienen que ver con la elevada suma media de los préstamos que solicitan las grandes empresas, que alcanza los 2,5 millones de euros. En el caso de las pymes, el crédito medio es de 93.767 euros.
