Hacienda acaba de poner en marcha un mecanismo de carácter extraordinario para permitir, de manera más ágil, pagar las deudas comerciales a los proveedores por parte de las entidades locales, en su mayoría ayuntamientos, que no cumplan la ley y amorticen sus pagos por encima de los 30 días marcados como máximo por la normativa actual española.
Hablamos de 1.640 entidades en las que se incluyen, más allá de los consistorios 670 entidades que dependen de ellos. Eso sí, la medida establece que solo se podrán acoger a esta medida, las facturas y obligaciones pendientes de pago que sean anteriores a julio de 2021.
Su objetivo, garantizar el cobro de las facturas más antiguas, desde diciembre de 2020 y con un plazo milimetrado, ya que solo se podrán reclamar hasta el próximo 11 de febrero. En total, unos 2.000 millones de euros que los dirigentes consideran que son a todas luces escasos por varios motivos.
CEPYME considera la medida insuficiente
Desde la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa afirman que la medida implementada por el Gobierno se queda al principio del camino. Entienden desde CEPYME que los 2000 millones de euros apuntados por Hacienda para el pago de estas facturas para los proveedores de entes locales solo alcanzan el 10% del total de la deuda que los ayuntamientos tienen con las compañías.
La cantidad adeudada por estas 1.640 entidades locales, incluidos ayuntamientos, según los datos que da a conocer el Banco de España alcanza los 19.734 millones de euros, únicamente a cierre del tercer trimestre de 2021, con un mes más por delante a sumar como indica Hacienda, y que no está incluido en este cálculo.
