El Congreso de Estados Unidos ha aprobado un paquete de recortes presupuestarios por valor de 9.000 millones de dólares, que afecta a fondos ya asignados a programas de ayuda exterior y a los medios públicos de radiodifusión.
La medida, impulsada por el presidente Donald Trump, fue respaldada por 216 votos a favor y 213 en contra en la Cámara de Representantes, con una estrecha mayoría republicana y dos votos disidentes del propio partido.
El Senado ya había validado la propuesta con 51 votos frente a 48, lo que permite su envío final al presidente para su firma.
Impacto directo en USAID y la radiodifusión pública
La ley contempla una retirada de 8.000 millones de dólares a la Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID) y otros programas internacionales, así como 1.100 millones a la Corporación de Radiodifusión Pública, que financia las emisoras NPR y PBS.
Trump celebró la aprobación afirmando que se pondrá fin al «despilfarro de miles de millones» en radiodifusión pública. «Esto es grande. Los republicanos han intentado hacer esto durante 40 años y fracasaron… pero ya no», escribió en su red Truth Social.
El recorte tendrá consecuencias notables para emisoras locales de radio y televisión pública, muchas de las cuales dependen en gran medida de estos fondos para seguir operando.
Durante el debate parlamentario, varios congresistas demócratas denunciaron el impacto social de los recortes. Jim McGovern, representante por Massachusetts, advirtió que «socavan a Ucrania, dañan a nuestros aliados y afectan a las noticias esenciales que se ofrecen a las comunidades del país». Otros legisladores criticaron que estos ajustes se aprueben al mismo tiempo que se mantienen reducciones fiscales para las rentas altas.
A pesar de los recortes, el programa de lucha contra el VIH/sida impulsado por George W. Bush en 2003 fue excluido de la versión final de la ley tras el paso por el Senado.
Durante la sesión, varios demócratas aludieron a la polémica en torno al caso Jeffrey Epstein. Criticaron al Departamento de Justicia (DOJ) y al FBI por su negativa a permitir nuevas investigaciones.
En respuesta, legisladores republicanos se mostraron abiertos a plantear una resolución no vinculante que solicite al DOJ la publicación del material relacionado con el caso, aunque aún sin fecha de votación prevista.
