La pandemia ha alterado la hoja de ruta de la economía hasta niveles casi imposibles en el imaginario de los analistas más agoreros. La desaceleración proyectada para 2020 por organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Central Europeo (BCE) se ha convertido en una recesión con mayúsculas, que se ha llevado de golpe todo lo avanzado en los últimos años tras la crisis financiera global de 2008.
A falta de conocer el comportamiento del cuarto trimestre, los autónomos han vivido momentos límite. La ausencia de demanda como consecuencia de las restricciones impuestas ha castigado con fuerza a este colectivo que se ha visto inmerso en la desesperación. El resultado es que la fórmula del autoempleo, que tradicionalmente ha servido en algunos casos como refugio para continuar en el mercado laboral, cierra un annus horribilis. El pasado mes de diciembre, UPTA alertaba de que 2020 cerraría con 610.000 bajas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), procedentes de los sectores más afectados. El pequeño comercio ha perdido más de 11.500 establecimientos desde noviembre de 2019, seguido de la hostelería con 4.956 negocios menos y la industria manufacturera que se ha dejado más de 5.000 activos. “Continuamos con la misma situación que en años anteriores, en los que se demostró que el trabajo autónomo simplemente es una puerta de entrada al mundo laboral que, desgraciadamente, no implica continuidad”, señalan desde la citada asociación.
En este contexto, la Encuesta balance trabajo autónomo 2020, elaborada por la misma organización, a raíz de entrevistar a 3.750 personas, arroja que un 45% de los sondeados ha sufrido caídas en el volumen de negocio superiores al 50% con respecto al ejercicio anterior, con una facturación media mensual en el 88% de los casos inferior a los 20.000 euros.
El pequeño comercio ha perdido más de 11.500 establecimientos desde noviembre de 2019
Frente a esta situación, un 37% dice no haberse beneficiado de ninguna de las ayudas impulsadas por las diferentes administraciones. De los que sí han tenido acceso a ellas (58%), el grueso procede de iniciativas por cese de actividad del Gobierno central y el resto (18%) corresponden a asignaciones promovidas por los Gobiernos autonómicos o municipales. Respecto a la cuantía, más de seis de cada diez han recibido un importe superior a los 2.000 euros.
