El Congreso de los Diputados, tras un largo periodo que ha superado el año entre debates y negociaciones, aprobaba definitivamente la reforma de Ley Concursal el pasado 25 de agosto. El texto incluye un listado de novedades que atañe principalmente a aquellos autónomos en situación de insolvencia, con deudas, pero también aquellos con derechos societarios.
La nueva ley tiene como objetivo modificar el escenario en el que se encuentras miles de trabajadores por cuenta propia que no pueden continuar con la actividad de sus negocios por declararse insolventes. “Asegurar la continuidad de empresas y negocios que son viables, pero que se encuentran en dificultades financiares que pueden amenazar la solvencia y acarrear el consiguiente concurso”, databa el texto facilitado por el Congreso.
Las enmiendas que se alteraran especialmente con la aprobación del proyecto de Ley estarían cambiando el modus operandi de aquellos negocios en concurso de acreedores. Una determinación impulsada por la pandemia, pero también por organismos bancarios que temían lo peor ante una avalancha de empresas en quiebra.
Frenar el alud de empresas en concurso
Una de las máximas de la modificación de la Ley es promulgar la agilidad en la fase previa al concurso en caso de aquellos negocios en situación in extremis. En el pasado 2021 se registraron cerca de 5.500 empresas en concurso de acreedores. Datos que no parece mejorar a finales de este 2022 y que mantiene en jaque a una amplia parte de la economía española.
En la actualidad, los negocios pueden declararse inminentemente insolventes, aspecto que, con la reforma, pasaría a poder acogerse a una situación de posible insolvencia a través de planes de reestructuración.
