El coronavirus ha dejado al borde del precipicio a miles de empresas y ha destruido otras tantas. Las que aún sobreviven se enfrentan a una drástica bajada de sus ingresos y a la incertidumbre de no saber si finalmente tendrán que echar el cierre definitivo. El optimismo no forma parte de la ecuación actual y así lo refleja el sondeo realizado por la consultora KPMG y la patronal CEOE, que arroja que el 62% de los empresarios considera que la recuperación no será un hecho hasta 2022.
Un sector como el comercio de proximidad, considerado esencial durante esta pandemia, ha sido uno de los más golpeados, junto a turismo y hostelería, tanto en el periodo del confinamiento como en la «nueva normalidad» y los peores pronósticos apuntan a convertirse en realidad. De hecho, el verano se veía como un estímulo para la dañada economía de estos empresarios, pero finalmente no ha sido así, debido a la falta de turistas, la ralentización del consumo en la época estival, así como por la «nefasta» campaña de rebajas, unos aspectos que han empeorado su situación. De hecho, la facturación del comercio ha bajado alrededor de un 50% respecto al año anterior. Con todo ello, el otoño parece que no restará incertidumbre, sino que, incluso, les puede llevar a bajar la persiana.
La Confederación Española de Comercio (CEC) ha alertado de la situación «crítica» que atraviesa el comercio minorista y ha advertido de que, si no se adoptan medidas efectivas, el 30% de los establecimientos comerciales podrían quebrar antes de final de año, lo que se traduce en 120.000 locales. Además, recalcan en sus últimas previsiones que el 15% de los que cerraron por la pandemia no ha abierto todavía.
¿En qué punto se encontraba el sector antes de la pandemia? El presidente de la CEC, Pedro Campo, cuenta en una entrevista con Dirigentes que estos negocios estaban en un momento de reconversión: trabajando en proyectos de digitalización, otros adaptándose a los nuevos hábitos de los consumidores, mejorando la gestión comercial o pensando en tener tiendas online. No obstante, comenta que hay varios subsectores dentro de esta actividad y, por ejemplo, no estaban en el mismo contexto la alimentación que el calzado o textil. Indica que muchas tiendas de barrio estaban en un «periodo de supervivencia». Es por ello que tenerlas cerradas dos o tres meses sin obtener ningún ingreso, «ha sido un mazazo».
A esto se suma que los gastos fijos no se han reducido y los impuestos tampoco. Campo explica que consiguieron llegar a un acuerdo para renegociar los alquileres con los propietarios de los locales, pero solo en el 60% de los casos. El representante de los comercios afirma que se encontraron con una vuelta a la actividad en la que empezaron con más cargas que las que tenían antes, ya que tuvieron que hacer frente a créditos que pidieron parte de los comercios para aguantar los meses que estuvieron cerrados y además de un nivel de consumo en niveles «realmente desconocidos». La cuestión era: ¿Abrir o no abrir? Campo ha afirmado rotundamente que «volver a la actividad era imprescindible e incuestionable», ya que no se puede seguir sin tener dinamismo empresarial. A lo que añade: «No podemos volver a un segundo confinamiento general porque sería una auténtica hecatombe económica» y considera que los confinamientos parciales de determinadas zonas son una vía para evitar lo anterior. La CEC ha elaborado una serie de propuestas que consideran imprescindibles. Entre ellas, solicitan que se adopten medidas de apoyo fiscal y financiero que aseguren liquidez a los empresarios, el aplazamiento del pago de la deuda tributaria y la condonación del pago de tributos. También hablan de la necesidad de flexibilizar y extender los ERTE por fuerza mayor hasta 2021, en línea con lo expuesto por la CEOE. «Los ERTEs tienen que mantenerse en tanto en cuanto la actividad económica no se recupere», añade. Dice que estos mecanismos tienen que desaparecer por actividad, no por cantidad. Es decir, a medida que las empresas vayan recuperando el dinamismo, que vayan recuperando a sus empleados. «Cualquier otra medida sería abocar el cierre de muchísimas empresas», remarca. Porque, además, reitera que se trata de un problema de consumo que amenaza los negocios de los empresarios, debido a que los ciudadanos son más reacios a comprar dada la inestabilidad económica y el contexto de inseguridad que les rodea. En relación a los ERTEs, Campo pone de ejemplo las decisiones tomadas en Francia y Alemania de extender estos mecanismos hasta diciembre de 2021 en todos los sectores. Indica que es una forma de salvar empresas porque «quiere decir que sus dirigentes saben cómo va a estar la situación económica durante este año y medio porque la actividad no va a ser la que era ni mucho menos». En línea con esto se ha mostrado muy crítico con la intención del Gobierno de «tocar» la reforma laboral antes de fin de año. «¿Estamos locos? En estos momentos no se trata de hablar de la precariedad laboral, sino de evitar despidos y potenciar que todo el mundo tenga un trabajo, ya hablaremos después de la precariedad». Es por ello que desde la CEC se muestran preocupados porque consideran que el Gobierno está tomando decisiones «totalmente contrarias a las que se toman en Europa». «¿Qué impuestos nos van a subir si no vendemos?», recalca. Concluye que «así como nosotros tenemos que ser comprensivos con el Gobierno porque va a tener problemas de recaudación, tenemos que ser muy críticos con estas políticas que van a suponer una hecatombe económica porque no se ajustan a la realidad actual». Economía>Nacional
Pedro Campo, presidente de la Confederación Española de Comercio (CEC)
Índice de Confianza del Consumidor. Fuente: CIS
Solicitan al Gobierno ayudas «efectivas»
