Con unos ingresos que se redujeron en más de 24.000 millones de euros y unos gastos que se incrementaron en 50.000 millones, es de esperar que cada euro que hay en las arcas públicas se destine a fines irrenunciables. En 2020, los ingresos alcanzaron los 120.000 millones de euros, un 17% menos que en 2019, mientras que los pagos ascendieron un 28,4%.
Con ese panorama y un déficit de las cuentas públicas que roza el 11%, los ministros económicos y, en particular, la ministra de Hacienda, se esforzó en su presentación de la semana pasada en defender que el incremento del gasto está relacionado con los gastos por la pandemia.
Ciertamente existen diversos gastos que explican el aumento de la factura pública, como la transferencia de 35.800 millones de euros a la Seguridad Social para tapar el agujero de un año negro en ingresos y gastos.
Asimismo, las transferencias a otras administraciones públicas españolas, como la propia Seguridad Social, fundaciones públicas o autonomías, y también familias e instituciones sin ánimo de lucro se elevaron un 48% hasta alcanzar los 137.000 millones de euros, mientras que en 2019 la cifra era de 92.000 millones.
Pero los datos que más llaman la atención son precisamente los que aparecen en la cima del informe del Ministerio de Hacienda. En 2020, el gasto en personal se incrementó un 4,1%, lo que no tendría por qué ser negativo si se tiene en cuenta que la crisis ha requerido de un mayor esfuerzo público en tiempo y trabajo para afrontar las tareas pendientes. En ese sentido, Hacienda señala un incremento del gasto del 11,8% en personal eventual, hasta superar los 55 millones de euros. A la vez, añade otros 35,5 millones anotados como «Otro Personal», que incrementan esta partida un 32,2%.
