Se habla mucho de él, pero ¿llegará el impuesto al CO2 a la Unión Europea?
Uno de los asuntos que se trataron en la última reunión de los Ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (ECOFIN), que tuvo lugar en Helsinki los días 13 y 14 de septiembre de este año, fue qué impuestos podían aplicarse a la energía para lograr los objetivos climáticos y medioambientales de la Unión. En septiembre de 2019, la Comisión Europea publicó un informe que evalúa la Directiva 2003/96/CE, como paso previo a su reforma, y señala que las brechas e inconsistencias existentes obstaculizan significativamente los objetivos de energía, clima y transporte de la UE. Ahora bien, hasta el momento no se ha elaborado una propuesta de reforma.
Cabe recordar no obstante que en 2011 ya hubo una propuesta de la Comisión para modificar esta Directiva. En ella se propuso introducir un componente de CO2 en el régimen de la fiscalidad de la energía de la UE, basar la fiscalidad de los productos energéticos en su contenido energético y simplificar el sistema de exenciones y reducciones fiscales. Sin embargo, los Estados miembros no lograron la unanimidad necesaria en relación con los principales elementos de la propuesta, especialmente en lo que respecta a la introducción del componente fiscal basado en el CO2. Por este motivo, en 2015 la Comisión decidió retirar su propuesta. Esperemos que esta vez sí se llegue a un consenso.
¿Cómo se va a cobrar dicho impuesto y a quién?
Ello dependerá de la opción por la que finalmente se decante la Comisión Europea. En caso de optar por una tasa sobre los billetes de avión, el sujeto pasivo será el consumidor final. En caso de incrementarse la fiscalidad de los productos energéticos, la medida impactará directamente sobre los productores de bienes y servicios, así como en sus distribuidores. ¿Subirán en consecuencia los precios de los productos con alta concentración de C02? Seguramente. El FMI acaba de dedicar su «Informe del Monitor Fiscal» en el que insta a las autoridades a aprobar un impuesto internacional al carbono que aplique de inmediato y que aumente con rapidez hasta llegar a 75 dólares la tonelada de CO2 en 2030 (actualmente el precio medio mundial es de 2 dólares por tonelada). En ese escenario, a lo largo de un período de 10 años, los precios de la electricidad aumentarían en promedio un 45% acumulativamente, y los de la gasolina, 15%, para los hogares, en comparación con la proyección de base (es decir, la inacción). Debe tenerse en cuenta que el precio en Europa por tonelada de CO2 es de 25 dólares, por lo que estaríamos hablando de triplicar el precio. El informe sugiere, no obstante, que los recursos obtenidos se destinen a reducir otros tributos, brindar apoyo a las comunidades más desfavorecidas o invertir más en energías verdes o en innovación, entre otras propuestas. Por lo tanto, y aun cuando es difícil que las autoridades internacionales aprueben esta medida, es más que probable que si se establece un gravamen sobre los productos y servicios con mayor concentración de CO2, este coste acabe repercutiéndose en el consumidor final. ¿Ayudará a reducir emisiones? Recientemente, la OCDE ha publicado el estudio «Gravar el uso de energía 2019», en el que, tras analizar datos relacionados con los impuestos sobre la fiscalidad energética en los países de la OCDE y el G20, así como en la aviación internacional y el transporte marítimo, se concluye que: Por su parte, el FMI ha puesto a Suecia como un buen ejemplo en su estudio «Informe del Monitor Fiscal» y en el artículo publicado en su blog al respecto, porque ha subido su impuesto al carbono a 127 dólares por tonelada, y ha conseguido reducir sus emisiones un 25% desde 1995 a pesar de haber expandido su economía un 75% desde entonces. Así las cosas, aunque, por un lado, no hay muchos estudios concluyentes sobre los efectos de la fiscalidad medioambiental y por otro, la reducción de las emisiones puede deberse a múltiples factores, conforme a los anteriores datos, la imposición sobre el carbono debería ayudar a dicha reducción. ¿Es la fiscalidad la barrita mágica de los futuros gobiernos? Sin duda, la fiscalidad medioambiental desempeñará un papel importante en los próximos años. Como ha puesto de manifiesto el reciente estudio de la OCDE al que nos hemos referido anteriormente, denominado «Gravar el uso de energía 2019», el 85% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía se producen fuera del sector del transporte por carretera. Sin embargo, solo se gravan el 18% de estas emisiones. Por regla general, no se está utilizando la fiscalización para proporcionar unos precios del carbono significativos a los combustibles. De hecho, el carbón es el combustible fósil más contaminante, y en cambio, la media de tipos impositivos efectivos sobre el carbono del carbón es de casi cero en los 44 países de la OCDE y Economías Asociadas Seleccionadas. En España, por ejemplo, los ingresos por impuestos medioambientales, como porcentaje del PIB, figuran entre los más bajos de la UE. Por lo tanto, teniendo en cuenta que el consumo mundial de energía no para de crecer, al igual que las emisiones de CO2, y que tanto la OCDE como la UE recomiendan aumentar la fiscalidad en esta materia como solución al problema, es más que probable que, para dar cumplimiento a los objetivos del Acuerdo de París, esta se incremente en los próximos años. ¿Qué más impuestos se pueden concebir para luchar contra el cambio climático? Hay muchas posibilidades. No obstante, como pone de manifiesto la propia OCDE en el referido estudio, quizás lo más razonable es incrementar la fiscalidad allá donde es más baja. Por ejemplo, el carbón está gravado con algunos de los tipos impositivos más bajos, aun cuando tiene un fuerte impacto en la contaminación atmosférica. Igualmente, los tipos impositivos son actualmente cero en la aviación y el transporte marítimo internacional, y casi cero o muy bajos en todos los usuarios de varios países. Aquí en España una de las medidas que se han estado estudiando es la equiparación de la tributación del diésel a la de la gasolina. Por otro lado, en el mes de enero, varias organizaciones ecologistas entregaron al Gobierno Español un documento denominado «Propuestas de fiscalidad ambiental», que incluía, por un lado, la reforma de impuestos como el IVA, el IRPF o el Impuesto sobre Sociedades –proponiendo también la recuperación de determinados incentivos fiscales-, y por otro, la creación de hasta 13 nuevos impuestos ambientales, como el de vertido e incineración de residuos o el del impacto ambiental sobre la ganadería intensiva. En España muchos de estos impuestos de hecho ya han sido aprobados a nivel autonómico en atención a la competencia administrativa en medio ambiente que tienen en España las comunidades autónomas. ¿La conferencia del cambio climático en Madrid dará un impulso positivo? El objetivo es lograr cerrar el reglamento de desarrollo del Acuerdo de París, que tratará de evitar el aumento de la temperatura global en más de 2 grados centígrados a final de siglo –respecto de los niveles preindustriales- y que se quede en 1,5 grados. El Acuerdo de París, concebido como el primer pacto mundial vinculante en defensa del clima del planeta, deberá estar vigente en enero de 2020. El propio Acuerdo comprende un sistema de revisión periódico de su estado de implementación, en el que se incluye el progreso respecto al objetivo de los 2 grados. En este sentido, los países deberán poner en marcha políticas y medidas nacionales para alcanzar los objetivos del Acuerdo (se han presentado 190 planes de lucha contra el cambio climático). También se añade un importante paquete financiero que ayudará a su implementación y un marco de transparencia para todos los países (sistema de presentación de información y revisión de calidad de la misma). Todas estas medidas deberían propiciar el cumplimiento de los objetivos propuestos. ¿Cómo ven vuestros clientes la situación actual? El mensaje que se está transmitiendo a la sociedad en general tanto a través de la comunidad científica como de organismos internacionales como la OCDE, es que las medidas gubernamentales que se están adoptando son insuficientes para frenar esta crisis climática. A medida que aumente la conciencia social por esta situación, aquellas empresas que sean capaces de adaptarse y ofrecer soluciones estarán en una clara ventaja competitiva respecto a aquellas que opten por no implantar ninguna medida para reducir su huella ecológica. ¿En qué estado están las pymes españolas en este sentido? El pasado 4 de abril de 2019 la Comisión Europea emitió un documento de trabajo denominado «Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE 2019. Informe España» que creemos aporta una visión de la situación actual. El informe pone de manifiesto que el porcentaje de pymes españolas que han adoptado medidas de eficiencia en el uso de los recursos está por encima de la media de la UE, a pesar de que son pocas las empresas que reciben apoyo público para aumentar esa eficiencia o para producir productos ecológicos. Por otro lado, en el último Eurobarómetro sobre las pymes, la eficiencia en el uso de los recursos y los mercados ecológicos, de 2017, se preguntó a las empresas sobre las medidas de uso eficiente de los recursos que habían adoptado y sobre las medidas adicionales al respecto que tenían previsto adoptar. En siete de las ocho dimensiones de la eficiencia en el uso de los recursos, el número de empresas españolas que estaban realizando esfuerzos superaba la media de la UE -salvo en lo que respecta al uso predominante de energías renovables- y ese número aumenta considerablemente en muchos ámbitos. El estudio pone de manifiesto que, en los próximos dos años, las pymes españolas tienen objetivos aún más ambiciosos: el 80% (+ 16% con respecto a 2015) pretende invertir en ahorro de energía, y entre el 64 y el 69 % (+11-15 %) en la reducción de residuos, minerales y agua. Por consiguiente, las empresas españolas son, por el momento, las más ambiciosas de la UE. Conforme a lo anterior, entendemos que, si bien queda mucho camino por recorrer, se están realizando esfuerzos al respecto. Economía>Nacional
