El Ingreso Mínimo Vital solo ha desplegado una parte de su capacidad potencial. Según se desprende de la primera Opinión sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV), elaborada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), esta prestación ha llegado a 284.000 hogares, lo que corresponde al 40% de sus beneficiarios potenciales y ha ejecutado un 56% de su presupuesto, es decir, 1.600 millones de euros. Además, este porcentaje varía por comunidad autónoma. Así, los tres territorios de régimen común con más beneficiarios respecto a su potencial son La Rioja (59%), el Principado de Asturias (58%) y Aragón (57%), mientras que en el lado contrario de la balanza se encuentran Cataluña (25%), Castilla La-Mancha (31%) e Islas Baleares (32%).
Para entender este análisis, el documento ha sido planteado en base a tres aspectos: el diseño de este programa, sus resultados y su implementación con el fin de averiguar si su funcionamiento ha sido capaz de cumplir los objetivos marcados entre mayo de 2020, momento en el que se puso en marcha, y diciembre de 2021.
A pesar de estas primeras conclusiones, la AIReF asegura que dispone de recorrido para convertirse en un instrumento más potente en la lucha contra la exclusión social y la pobreza, un factor que afirma haber conseguido reducir un 32% de lo que lo haría si se desplegara completamente. Según los datos de la organización, de estar plenamente implementado cubriría a 700.000 hogares y supondría un coste anual de 2.800 millones de euros si consiguiese llegar a todos ellos. De hecho, tal y como muestra la información aportada, en España hay 400.000 hogares que podrían recibir el IMV, pero aún no lo han solicitado, lo que supone el 57% de los posibles beneficiarios.
Desde su lanzamiento, el número de solicitudes ha superado los 1,5 millones, concentrándose la mayoría durante los primeros meses de implementación. Sin embargo, un importante porcentaje fueron rechazadas: 975.000 del total de las resueltas. Por ello, cabe preguntarse cuáles son las principales dificultades que impiden alcanzar a todos los potenciales beneficiarios. En esta línea, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal señala que, en un primer momento, el 73% de las solicitudes resultas fueron denegadas o inadmitidas y, con el paso de los meses, este porcentaje descendió hasta el 60%.
Las dos principales causas que destaca la Institución para la desestimación de las peticiones son el incumplimiento del criterio de renta (42%), seguido de los requisitos de unidad de convivencia-empadronamiento (22%), debido principalmente a que la unidad de convivencia declarada por el hogar no coincide con la que figura en el padrón en el domicilio de la solicitud.
