El plan público-privado contra el fraude financiero pone atención al mundo cripto

Diversas entidades del ámbito público y privado se han unido en un plan nacional contra el fraude financiero, uno de los grandes retos al que se enfrenta el ámbito, fundamentalmente ante la llegada de la digitalización.

Han sido concretamente diecinueve las instituciones que han firmado el ‘Plan de Acción contra el Fraude Financiero’, entre las que se encuentran actores tan importantes como el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Banco de España (BdE) o la Fiscalía General del Estado. 

También forman parte de los firmantes La Secretaría de Estado de Seguridad a través de Policía Nacional; Guardia Civil; Mossos d’Esquadra; Ertzaintza; y Policía Foral de Navarra. Encontramos también al SEBPLAC, a la Asociación Española de Banca (AEB), CECA, al Fondo de Garantía de Inversiones (FOGAIN), a INVERCO, a la Asociación Medios de Información (AMI), a la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (UTECA), a Autocontrol, al Colegio de Registradores y al Colegio General del Notariado.

El evento de rúbrica, que tuvo lugar el pasado viernes en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, fue presidido la vicepresidenta primera y Ministra de Asuntos Económicos, que destacó la labor tan señalada que realizan todos los actores del tratados para hacer de nuestro país a uno de los mayores en seguridad general, y también concretamente financiera. 

Calviño instó en el encuentro al resto de entidades que conforman el panorama y que en esta ocasión no se habían sumado, a la necesidad de participar en este plan de lucha contra el fraude fiscal, por lo que a este podrán adherirse en el futuro otras entidades, públicas y privadas. Además, las entidades también podrán suscribir convenios de colaboración para temas específicos.

Y es que el plan, impulsado por la CNVM, tiene el objetivo de potenciar y mejorar la prevención y la lucha contra las ofertas de productos y servicios financieros potencialmente fraudulentas ante el aumento detectado de estas prácticas, que ocasionan graves perjuicios a inversores y a todo el sector financiero regulado. 

Así, con este nuevo acuerdo se pretende definir y articular medidas para reducir la capacidad de actuación y de expansión de los intentos de fraude financiero, restringir la promoción o publicidad de actividades para captar nuevos afectados, así como facilitar a inversores y clientes de servicios financieros los instrumentos y conocimientos necesarios para detectar y evitar estas prácticas. 

La CNMV resalta la protección del inversor

En su intervención, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, ha hecho hincapié además en la importancia que este plan tiene para la protección de los inversores, que en estos últimos años, y ante la búsqueda desesperada de rentabilidad, se han expuesto a iniciativas fraudulentas que es necesario combatir en conjunto. 

Buenaventura ha resaltado la importancia de la educación financiera, señalando que el consejo más valioso que podía otorgarles a los inversores, fundamentalmente a los minoristas, es dedicar esfuerzos y tiempo en la investigación de aquello en lo que vamos a invertir. “La clave es invertir solo en entidades autorizadas”, comenta señalando que la ausencia de licencia es lo que siempre nos tiene que hacer dudar y ponernos en alerta. 

Así, y aunque el experto ha destacado que el fenómeno del fraude, y en concreto del fraude financiero, no es algo de nuestro tiempo, lo cierto es que en los últimos años se ha incrementado ante la llegada de la digitalización y las criptomonedas. 

Para ello y como forma de perseguir sus objetivos, la CNMV ha puesto desde hoy a disposición de los firmantes una base de datos interactiva para la consulta de las entidades piratas o chiringuitos financieros que detectan la Comisión y otros supervisores extranjeros para mejorar las investigaciones sobre ellos, dificultar su acceso a potenciales víctimas y reducir su campo de actuación.

Por su parte, el Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha puesto el foco en la necesidad de conservar la confianza en el sistema financiero como algo fundamental, fundamentalmente cuando hablamos de las nuevas generaciones de jóvenes y adolescentes, así como de otros colectivos vulnerables. “El fraude en los jóvenes puede generar problemas de confianza en el sector financiero”, concreta. 

Para atajar estos problemas y asegurar la protección de inversores y sistema financiero, de Cos apunta a la necesidad de hacer énfasis en la prevención del fraude y a que la colaboración, como la de este plan, sea la tónica general y fundamental. 

Una comisión de seguimiento con claros objetivos

Los firmantes formarán una comisión de seguimiento que se encargará de evaluar las nuevas formas de fraude que puedan aparecer, proponer nuevas medidas y analizar la evolución de estos fenómenos en nuestro país. 

En ella participarán organismos del ámbito económico y financiero, del sistema judicial y fuerzas de seguridad del Estado, del sector de los medios de comunicación y la publicidad, entre otros. 

Además, en el ámbito de sus respectivas competencias, estas entidades se coordinarán para cooperar en la detección de actividades irregulares y delictivas en materia de ofertas de productos y servicios financieros, sean regulados o no regulados, que puedan ser indicativos de un caso de fraude financiero; Limitar o eliminar la publicidad de entidades no registradas para la prestación de servicios financieros o dirigida a la captación fraudulenta de clientes e inversores en buscadores, redes sociales, medios de comunicación y difusión, etc., así como la difusión de sus actividades en los canales citados; así como establecer mecanismos de información para inversores sobre los riesgos y posibilidades de fraude. 

Por otro lado, también se crearán canales de comunicación directa entre las partes para cumplir con los objetivos de este protocolo; se establecerán mecanismos que permitan la verificación del registro de las entidades que realicen publicidad en medios de comunicación y redes sociales; se realizarán campañas informativas y divulgativas para el público en general para informar a los inversores sobre los riesgos de fraude y las garantías de las operaciones con entidades registradas y se desarrollarán mecanismos de alertas de nuevas tendencias o fenómenos de fraude detectadas. 

El objetivo del plan pasa también por fomentar la educación financiera necesaria para mejorar el empoderamiento de los ciudadanos para detectar productos y servicios financieros sospechosos, mediante la información y la educación financiera, la comunicación pública y mediante mecanismos de verificación más sofisticados.

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