En el ecosistema de innovación, todas las fases y variables están relacionadas, lo que hace necesario un esfuerzo integral de nuestro país. En España, aunque hay ciertas fortalezas, todavía hay muchos retos pendientes en este sentido, según afirma el estudio «El cambio hacia una España innovadora: el impulso de las multinacionales», realizado conjuntamente por la Fundación I+E y el Centro Internacional para la Competitividad del IESE. Si comparamos la situación en la que se encuentra España en cuanto a innovación, con respecto a otros países desarrollados, los principales índices revelan que tenemos un gran margen de mejora. Nuestro país sigue por detrás de los principales países avanzados. España obtiene en todos los índices analizados una posición en innovación por debajo de la que le correspondería por su nivel de PIB per cápita. Es decir, está claramente por detrás de la posición que debería ocupar en función de su nivel de renta. Los resultados de nuestro país en el Innovation Scoreboard, publicado anualmente por la Comisión Europea, tampoco son positivos. España está dentro del grupo de Portugal, Italia y Grecia, muy por detrás de los países líderes en innovación, y también de los perseguidores. 
A la cola de la OCDE España se sitúa claramente por detrás de la mayoría de países de la OCDE en cuanto inversión en I+D. Nuestro sector público no solo invierte menos que otros países, sino que, además, parece hacerlo de forma menos eficiente. La desventaja es aún mayor en lo que respecta a la inversión privada. Esto afecta de manera más directa a los resultados de innovación. España es más eficiente en el uso de la inversión privada que en el de la pública. Al hablar de inversión extranjera merece especial atención el papel que juegan las multinacionales que operan en nuestro país. Estas compañías son responsables del 35% de la cuantía total que se dedica a I+D en nuestro país. Uno de los aspectos en los que la desventaja de España con respecto a la media de la OCDE es mayor es el de protección de la propiedad intelectual. Una insuficiente o inadecuada garantía de los derechos de propiedad intelectual puede desincentivar la inversión privada en I+D. Los problemas en lo relativo a la protección de la propiedad intelectual en nuestro país han tenido eco a nivel internacional. Así, la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual (IIPA, en sus siglas en inglés), recomendó en 2013 que España volviera a la lista negra de propiedad intelectual, la llamada ‘lista 301’, que recoge los países en los que no se respeta la propiedad intelectual e industrial, y de la que había salido en la edición anterior, después de cuatro años. En el caso de los copyrights, el problema está muy extendido; en 2013, un estudio realizado por el grupo GfK mostraba un problema cultural y de actitud, ya que, según la encuesta realizada, un 70% de los usuarios de Internet en España manifestaba que no pagaría por algo que podía obtener gratis. La situación de la legislación española en materia de innovación también sufre distintos problemas. Algunos de los sectores más innovadores, como el de farmacia y el químico, tienen que enfrentarse a distintas trabas, como la hiperregulación, las severas restricciones, los tiempos dilatados, las incoherencias, el solapamiento de normas, la falta de seguridad jurídica o la burocracia excesiva. Trabas similares a las que se encuentran las empresas que operan en el sector químico. El tercer aspecto en el que España presenta una gran desventaja frente a la media de la OCDE, en cuanto a facilitadores de eficiencia, es el grado de cooperación tecnológica, sobre todo entre empresas, aunque también entre la Universidad y la empresa. 
El informe muestra que España si está en buena posición en cuento a exportación de productos de media y alta tecnología y en las ventas derivadas de la innovación de productos y para la empresa. Además, la influencia de la inversión en I+D sobre la creación de empleo en este sector resulta obvia. En definitiva, nuestro país presenta claras fortalezas, pero también, áreas de mejora relevantes en todas las fases del proceso de innovación. Madrid, Cataluña y País Vasco copan la intención extranjera En cuanto a los sectores más innovadores, atendiendo al porcentaje de la cifra de negocio debida a bienes y servicios nuevos, los sectores más innovadores serían los de vehículos de motor, consultoría, construcción aeronáutica, I+D y productos informáticos. Asimismo, puede considerarse la actividad innovadora de las empresas teniendo en cuenta la innovación no tecnológica, es decir, lo relativo a procesos. Desde este punto de vista, las empresas que más innovan en procesos son las de petróleo, servicios de I+D, farmacia, construcción aeronaval y productos informáticos, electrónicos y ópticos. Los sectores que han recibido mayor inversión extranjera entre 2010 y 2015 han sido los de actividades inmobiliarias, servicios financieros y energía, seguidos por el comercio al por mayor. Madrid, con un peso importante como receptora del 58% de la inversión extranjera, marca el patrón señalado, destacando como sectores de destino el inmobiliario, seguido por los servicios financieros, energía y comercio al por mayor. Cataluña y el País Vasco, las otras dos principales receptoras de esta inversión. Según remarca el estudio, España se enfrenta al reto de canalizar esta inversión extranjera hacia los sectores más innovadores por la importancia que tienen en la competitividad del país a medio y largo plazo. Las comunidades autónomas que realizan un mayor esfuerzo innovador respecto a la inversión en I+D en porcentaje del PIB son el País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña, y, también, obtienen mejores resultados en cuanto a empleo generado en I+D. Por el contrario, en otras regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura o Cantabria, el empleo obtenido está por debajo del esfuerzo inversor realizado. 
Las recomendaciones del estudio «El cambio hacia una España innovadora: el impulso de las multinacionales», para mejorar nuestras cifras de innovación son: aumentar y optimizar la inversión pública en I+D, promover la inversión privada, incentivar y orientar la inversión extranjera, promover medidas fiscales favorables para la inversión en innovación, mejorar la calidad de la educación, elevar la calidad de las infraestructuras científicas, fomentar la regulación que apoye la innovación e impulsar la cooperación.
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