La Fiscalía considera que los ex presidentes andaluces conocían las irregularidades en las ayudas públicas concedidas a empresas y trabajadores andaluces y que no hicieron nada por evitarlas, por lo que les acusa de un delito de prevaricación administrativa y malversación continuada. Para José Antonio Griñán, la Fiscalía pide seis años de cárcel y 20 de inhabilitación para ocupar un cargo público; para Manuel Chaves, diez de inhabilitación.
En la misma pieza en la que se juzga a Griñán y Chaves, el fiscal acusa a otros 26 cargos de la administración socialista entre el 2000 y el 2011, acusados de crear y mantener un sistema ilegal de reparto de ayudas de forma arbitraria a empresas amigas o, incluso, de gastar en drogas o prostitución dinero público.
Entre los acusados, cargos socialistas como Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez, para quienes pide 10 años de inhabilitación. El ex consejero de empleo José Antonio Viera tendrá que enfrentarse a ocho años de prisión por supuesta malversación de caudales públicos y prevaricación. Ocho años también para Francisco Vallejo, Antonio Fernández y Javier Guerrero. Para la ex consejera Carmen Martínez Aguayo, una pena de seis años, al igual que para el ex interventor de la Junta Manuel Gómez.
Griñán y Chaves serán los últimos acusados en declarar en el juicio, que podría celebrarse a finales de 2017 y podría durar unos seis meses. El primero en comparecer será el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta andaluza, Francisco Javier Guerrero, seguido de los ex consejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera. En el juicio tomarán parte hasta 56 testigos, entre ellos ex consejeros como Manuel Recio o el ex presidente de Unicaja, Braulio Medel.
El sistema del fraude