Desde que se creara en abril de 1995 la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, el debate sobre la financiación del sistema público de pensiones se ha mantenido igual de vivo que hace dos décadas. El envejecimiento progresivo de la población y la costosa recuperación de las afiliaciones a la Seguridad Social tras la crisis han devuelto a la primera línea las dudas sobre la sostenibilidad del sistema. El incremento de la esperanza de vida tiene su reflejo directo en la evolución del número de pensionistas desde que se planteara por primera vez el debate parlamentario. En 1995 se contabilizaron un total de 7,04 millones de pensionistas, de los cuales 3,27 millones eran jubilados. El aumento de la población mayor de 65 años ha derivado en una subida de las prestaciones contributivas hasta los casi 9,5 millones en 2016, con un total de 5,8 millones sólo por jubilación. Las cotizaciones a la Seguridad Social también han experimentado un avance importante desde los 12,3 millones en el momento de la firma del Pacto de Toledo hasta los 17,7 millones actuales. Sin embargo, la revalorización constante de la prestación media (un 0,25% anual desde que se desligara en 2013 del IPC) ha disparado el gasto en pensiones un 85,5%, de los 42.973 millones a los 111.989 millones al cierre de 2016. Sólo por jubilaciones, el gasto de la Seguridad Social ascendió a 79.723 millones de euros. La pensión media ha crecido de los 439 euros de hace dos décadas a los 1.051 actuales. En los últimos veinte años se ha acentuado la tendencia demográfica basada en la caída de la natalidad frente al aumento en la esperanza de vida. Si en 1995 la población total en España era de 39,7 millones, con un 15,16% de personas mayores de 65 años (6,1 millones), en 2016 creció hasta los 46,5 millones, con un 19% (8,8 millones) de personas en edad avanzada (+45,7%). La inversión de la pirámide poblacional es un fenómeno que se irá agudizando durante las próximas décadas: en 2050, España será el tercer país europeo con el mayor cociente de población mayor de 65 años sobre el total en edad de trabajar, según los datos de Eurostat. Las últimas estimaciones de 2014 reflejan que en la actualidad la tasa de dependencia no supera el 30%, mientras que para 2050 se prevé que el porcentaje de jubilados sobre trabajadores alcance el 60%. 
La «hucha» de las pensiones El Ejecutivo ha cerrado 2016 como el ejercicio más costoso desde que se creara el fondo de la Seguridad Social en el año 2000: desde enero se han dispuesto de hasta 20.136 millones, un 31,6% más que en 2014, el segundo ejercicio en el que más se sacó de la hucha (15.300 millones). Desde que el equipo de Mariano Rajoy tomara las riendas del Gobierno en noviembre de 2011, año en el que la hucha tocó su máximo histórico (66.815 millones), el «colchón» de la seguridad social se ha reducido en un 77,5%. La Tesorería de la Seguridad Social dispuso por cuarta y última vez en el año de liquidez inmediata con cargo al Fondo de Reserva por valor de 936 millones a principios de diciembre. El objetivo fue hacer frente a la liquidación del IRPF y al pago de la extra de Navidad. Con esta retirada el fondo quedó bajo mínimos, con un montante total de 15.020 millones. Las previsiones que auguraban la entrada en números rojos del fondo ya no parecen tan utópicas. De hecho, el propio Gobierno ha planteado ya un escenario de actuación cercano en el que no se pueda contar con la garantía del fondo para hacer frente a las pagas extraordinarios. Si la tendencia se mantiene como hasta ahora (entre junio y julio se retiraron 9.700 millones para las extra de verano y en diciembre un total de 10.436 para la extra de Navidad), 2017 será el último año en el que la Seguridad Social podrá disponer de esta liquidez. El límite de dinero que el Gobierno podía consumir de la «hucha» (menos del 3% del gasto anual en pensiones contributivas) fue suspendido en 2012, dejando carta blanca para que el Ejecutivo disponga de cuanto estime necesario en cada ejercicio. Sin embargo, esta suspensión tiene su fecha de caducidad en 2017 y su renovación podría suponer un reto dada la fragmentación parlamentaria de esta legislatura. Toma de contacto Con la reciente formación del Gobierno se han retomado también las conversaciones parlamentarias en torno al Pacto de Toledo. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ya expuso las que serían sus líneas básicas de actuación para asegurar la financiación del sistema de cara a la próxima legislatura y se reunió con los agentes sociales (patronal y sindicatos). El Gobierno no ha dudado en asegurar la viabilidad del sistema a través de otras vías alternativas para la financiación como la emisión de deuda pública (similar al actual sistema, con la diferencia de que el Fondo de Reserva emite deuda de la Seguridad Social ya existente en lugar de nueva) y la garantía a través de los Presupuestos Generales del Estado. Desde la cartera de Empleo han recalcado que estas medidas servirán como vías provisionales de financiación pero de carácter temporal, con la intención de reconstruir el fondo en cuanto España crezca y genere más empleo. Los sindicatos ya han planteado sus propias alternativas para paliar el elevado déficit de la Seguridad Social, que cerró el año en 9.708 millones, como la creación de un impuesto específico para complementar a las cotizaciones o financiar las pensiones no contributivas (orfandad, viudedad, etc…) mediante transferencias directas del Estado.
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