El gobierno argentino acuerda reformas con los sindicatos

Los proyectos de ley ingresaron al Senado el último sábado (18) y comenzarán a ser debatidos a partir de este martes (21), después de que los equipos oficiales sellaron acuerdos con líderes sindicales y gobernadores para su aprobación.

El partido del Gobierno, a pesar de su triunfo en las elecciones de octubre,  no tiene mayoría parlamentaria. Por ello, los acuerdos con esos representantes son cruciales para aprobar las nuevas leyes aún este año. El calendario legislativo, en tanto, prevé un plazo hasta mayo de 2018.

LAS REFORMAS

La propuesta laboral, remitida por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, prevé una amnistía a empleadores, flexibiliza de contratos y reglamenta la tercerización, entre otras modificaciones que apuntan a reducir la “litigiosidad”, limitando juicios e indemnizaciones.

También crea la figura del trabajador independiente, reduce de 18 meses a 12 el plazo máximo de pasantías (prácticas laborales), aumenta la licencia por paternidad y reconoce hasta 5 años de aportes previsionales a los trabajadores que sean regularizados.

El acuerdo es particularmente significativo por el hecho de que los sindicatos argentinos han sido tradicionalmente dominados por el peronismo, fuerza política que ha resistido cambios en la materia, además de haber apoyado a la expresidenta Cristina Fernández.

En cuanto al sistema previsional, Triaca también suscribe el proyecto que, con la firma del jefe de Gobierno, Marcos Peña, ingresó al Senado conteniendo el consenso del Ejecutivo con 24 gobernadores para la puesta en vigencia del nuevo régimen a partir de 2018. Entre las innovaciones, se contemplan pagos por encima de la inflación, jubilación mínima del 82% y extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años, según informó Télam, la agencia oficial de noticias.

INVERSIONES Y CERTEZAI

Finalmente, el llamado “consenso fiscal” es un acuerdo del presidente Macri también con los gobernadores. Contempla una reducción de tributos equivalente a 1,5% del PIB en cinco años, una ley de responsabilidad fiscal (mantener gastos en términos reales), eliminación de subsidios y desistencia de juicios al Estado, entre otros puntos.

«Resulta imprescindible contar con normas fiscales más eficientes y equitativas que eliminen las distorsiones existentes, en un marco de estabilidad que otorgue certeza y previsibilidad a las inversiones, tanto nacionales como extranjeras”, destacó el Gobierno en su argumentación.

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