El Plan Anual de Control Tributario del Gobierno lleva sólo un día publicado en el BOE y ya es objeto de controversia. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) señalan que el objetivo de prevención y control del fraude previsto para 2015 en un máximo de 11.300 millones se superará como ocurre tradicionalmente, pues el objetivo previsto para 2015 es inferior en mil millones a los resultados logrados en 2014 por la Agencia Tributaria del Estado (AEAT), ya que ascendieron a 12.318 millones.
2014, el mejor año
Gestha recuerda que 2014 fue el mejor de los años de la AEAT. Pero, a pesar de todo, los resultados sólo representan un 23% de la evasión fiscal estimada, es decir que el 77% del fraude fiscal estimado en nuestro país quedó impune a pesar de los resultados récord obtenidos por Hacienda.
¿Por qué no funcionan las medidas?
Para los Técnicos del Ministerio de Hacienda, el motivo de esta falta de eficacia reside en "la inexistencia de estudios oficiales de economía sumergida, una organización tributaria antigua y poco adaptada a los cambios sociales y económicos".
Además, el colectivo también apunta a "la falta de personal dedicado a la lucha contra la economía sumergida y la vigencia de una normativa que permite eludir legalmente el pago de impuestos y lo mal enfocada que se encuentra la lucha contra el fraude".
Menos vigilancia para el fraude sofisticado
Y es que cabe destacar que "actualmente el 80% de la plantilla se centra en perseguir los pequeños fraudes e irregularidades de autónomos, pymes y trabajadores o pensionistas", apuntan en Gestha. Por el contrario, solo el 20% de la plantilla persigue el fraude más cuantioso y sofisticado de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y multinacionales, responsables de casi las tres cuartas partes del fraude en España.
8.200 millones a la deriva
¿Qué pasaría si se aumenta el control? Gestha señala que si se aumentara la responsabilidad y competencias de los Técnicos de Hacienda y de los demás colectivos implicados en la lucha contra el fraude y se pusieran en marcha medidas más contundentes (como la prohibición de los pagos en efectivo por encima de los mil euros o el establecimiento de un límite máximo del 5% en la participación de las SICAV), los resultados serían mucho mejores.
En concreto, la recaudación podría aumentar a medio plazo en cerca de 8.200 millones de euros anuales adicionales a los objetivos marcados.
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