Desvincular los ERTEs del estado de alarma y prorrogar este mecanismo legal hasta el 30 de junio, al tiempo que se flexibilizan sus condiciones para el regreso paulatino a la actividad en función de las necesidades de la empresa. Así es el acuerdo firmado entre el Gobierno y los agentes sociales en defensa del empleo.
Entre estas medidas se incluye el compromiso de mantenimiento de los puestos de trabajo durante seis meses. Asimismo se mantiene la exoneración de cuotas a las empresas en ERTE de fuerza mayor e incentivos para las que recuperen parcialmente su actividad, mientras que aquellas domiciliadas en paraísos fiscales no podrán acogerse a este procedimiento, por otro lado, las compañías que opten por esta herramienta no podrán proceder al reparto de dividendos.
Unas decisiones que están sujetas a un seguimiento por parte de una comisión tripartita que tendrá lugar el segundo miércoles de cada mes. De hecho la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, expresó que esta reunión es de lo «más trascendente», dado que se van a analizar cada uno de los sectores para detectar cuáles son los más perjudicados.
Por su parte, CEOE y Cepyme ponen en valor la firma de este acuerdo de extenderse los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y destacan que es «especialmente relevante el hecho de que se abra un nuevo proceso de negociación para ampliar el acompañamiento a las empresas y personas trabajadoras más afectadas más allá del mes de junio«.
Si bien apuntan a que el proceso de recuperación será lento, insisten en «la necesidad de buscar nuevas vías para garantizar la supervivencia de los sectores más golpeados, de sus empresas y sus plantillas hasta la recuperación total de su actividad».
