La inversión procedente de América Latina en España cayó un 5,3% en 2024, hasta los 2.718 millones de euros, una cantidad que se concentra especialmente en dos países: México, con 1.060 millones y el 39% del total; y Colombia, con 1.057 millones de euros y el 38% del total.
Estos son algunos de los datos incluidos en la séptima edición del informe «Global LATAM» sobre la internacionalización de las empresas latinoamericanas, elaborado por ICEX-Invest in Spain junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y presentado este miércoles.
Esta caída contrasta con el crecimiento de la inversión latinoamericana en España en 2023, un año en el que se disparó un 138%, aunque, según el documento, la cifra de 2024 «está en la media del periodo 2020-2024 e indica un volumen de inversión elevado».
De hecho, supone el 6,8% del total de la inversión recibida por España, que se consolida como primer destino europeo de la inversión latinoamericana y el segundo del mundo por detrás únicamente de Estados Unidos.
Por países, tras México y Colombia se sitúan Argentina, con el 5,4% del total de inversiones (147 millones); Panamá, con el 4,5% (123 millones); y República Dominicana, con un 2,9% (79 millones).
El documento destaca que 20 países de la región latinoamericana cuentan con inversiones en España, lo que supone una «importante comunidad empresarial» de más de 600 compañías y 44.000 empleos directos generados.
Por sectores, los datos oficiales de los últimos años indican que el perfil de las inversiones latinoamericanas en España es «altamente diversificado y alcanza un elevado número de actividades económicas», aunque destacan los productos minerales (27,8%), la alimentación (9,2%) y la metalurgia (8,6%).
Otros sectores importantes son bebidas (6,1%), la extracción de crudo, petróleo y gas natural (5,8%), el comercio al por mayor (4,9%) y las actividades inmobiliarias (4,5%).
El secretario general de SEGIB, Andrés Allamand, ha insistido en el contexto de «incertidumbre adversa» en el que se están desarrollando estas inversiones, en referencia a la guerra de aranceles, además del bajo crecimiento económico en la región, baja productividad y de inversión, así como un alto endeudamiento público.
España recibió 23 proyectos ‘greenfield’ de América Latina
Durante 2024, España recibió 856 proyectos de inversión «greenfield» (de nueva creación), de los cuales 23 proceden de América Latina, con una media de 4 millones de euros de volumen y la creación de unos 50 empleos directos por proyecto.
América Latina ha acumulado en los últimos 21 años en España 360 proyectos ‘greenfield’, tan solo por detrás de Estados Unidos (1.017) y a gran distancia de Francia (103), Alemania (89), Portugal (83) o Italia (34), que muestran «un perfil muy diversificado» y que «operan fundamentalmente en actividades de alto valor agregado».
Así, la presencia empresarial latinoamericana se extiende por 25 sectores diferentes, destacando el de software y TIC (82 proyectos) y seguido por servicios financieros (45), servicios de negocio (43), sector de alimentación y bebidas (34) y textil (25).
Por comunidades autónomas, existe una muy clara concentración, ya que Madrid absorbe uno de cada tres proyectos de inversión (136), seguida de Cataluña (68) y, a una importante distancia, Comunidad Valenciana (28).
España: destino «privilegiado» para las inversiones
El informe detalla que cada vez más empresas de América Latina eligen España como punto de entrada para su expansión en la Unión Europea (UE).
Según ha explicado la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, las empresas destacan de España su ubicación geográfica estratégica, un entorno jurídico armonizado con los estándares europeos, una economía diversificada, el talento y una infraestructura empresarial moderna.
«Hay margen para atraer a muchos más inversores», ha subrayado Carbonell.
El informe prevé un mayor crecimiento de la inversión latinoamericana para los próximos años, teniendo en cuenta que «España es un mercado de renta alta y tamaño medio», además de «un destino con una gran estabilidad política, regulatoria e institucional», que puede actuar «como activo refugio, con una moneda estable e inflación controlada».
