El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha autorizado el embargo temporal de las tasas aéreas que España recauda a través de Eurocontrol, tras el impago de un laudo de 59,6 millones de euros dictado en 2019 a favor de RREEF, empresa inversora en renovables afectada por los recortes retroactivos de primas en Andalucía.
El caso se remonta a 2013, cuando el Gobierno del Partido Popular aplicó recortes a la rentabilidad de las energías renovables para contener el déficit de tarifa del sistema eléctrico.
Desde entonces, 51 arbitrajes internacionales se han presentado contra España en el marco del Tratado de la Carta de la Energía, con reclamaciones por 10.635 millones de euros, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica.
El Ciadi, tribunal del Banco Mundial, falló a favor de RREEF en 2019 al considerar que España vulneró el principio de trato justo y equitativo. Con intereses desde 2014 y costas judiciales, la deuda total supera los 73 millones de euros.
Fuentes de Enaire han confirmado el embargo, aunque aseguran que el servicio está garantizado. Por su parte, el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado que la Abogacía del Estado se opondrá al reconocimiento del laudo en Bélgica y agotará todas las vías legales.
Según la interpretación del Gobierno y de la Comisión Europea, los laudos intra-UE vulneran la normativa sobre ayudas de Estado, por lo que no pueden ejecutarse. A juicio del Ministerio, este es un caso «mixto», con implicaciones comunitarias.
No obstante, el fondo inversor Blasket Renewable Investments, encargado del caso, argumentó con éxito ante la Justicia belga que la matriz de RREEF está domiciliada en Reino Unido, fuera del alcance de las reglas comunitarias. Este razonamiento fue aceptado por el tribunal.
La situación no es inédita. En 2024, otro tribunal belga autorizó el embargo de 32 millones de euros a Enaire por un caso similar, con una deuda original de 28 millones.
En aquel momento, España consignó el importe para desbloquear los pagos a través de Eurocontrol, aunque lo calificó de medida temporal y condicional.
Hasta marzo, de los 43 arbitrajes ya fallados, el Estado español ha ganado diez, ha visto tres anulaciones y ha logrado que otros tres se desestimen. Las indemnizaciones reconocidas alcanzan los 1.514 millones de euros, lo que representa una reducción del 85% respecto a lo inicialmente reclamado por los inversores.
