A nivel nacional, este porcentaje supone más de 190.000 millones de euros y en el ámbito internacional más de 1.800 millones de personas están empleadas en esta situación, lo que representa un 60% del total de trabajadores (3.000 millones), según datos de la OCDE recogidos en el informe de Flexibilidad en el trabajo.
El estudio, elaborado por la agencia de empleo Randstad, identifica varios indicadores que influyen de manera directa en el empleo no declarado como puede ser la corrupción; a niveles más altos de corrupción en el sector público, mayor presencia del trabajo no declarado en el mercado laboral. Por otro lado, detecta que existen otras variables que no afectan como es el caso de las cargas impositivas o fiscales, que no tienen relación directa con el volumen de economía sumergida, al contrario de lo que afirman los defensores de la postura liberal expuesta en el informe.
El estudio detecta, además, varias herramientas que motivan el descenso del empleo no declarado como la mayor intervención mediante políticas de mercado de trabajo para la protección de grupos vulnerables, facilidad para recurrir al empleo temporal y a las empresas de trabajo temporal y altos niveles de protección social.
El informe, también estudia las consecuencias del empleo sumergido en el mercado laboral europeo de cara a las próximas décadas. En 2013, según los datos de Eurostat, había 336 millones de personas en edad de trabajar en Europa, una cifra que descenderá un 6% en 2030. Este dato, además, se debe poner en contexto con el envejecimiento progresivo de la población activa y el mantenimiento del estado del bienestar.
Actualmente, la Unión Europea cuenta con un 27% de personas que, por edad u otras circunstancias, no pueden trabajar. En 2030 esta tasa alcanzará el 39% en Europa, con la consecuente inversión en políticas de bienestar que conlleva esta cifra de personas que no pueden contribuir a la recaudación fiscal por medio del empleo. En este sentido, los organismos internacionales deben prestar especial atención a la eficiencia de la distribución de la mano de obra y a la reducción del empleo sumergido, ya que estamos experimentando un crecimiento del mercado laboral internacional mientras la mano de obra envejece.
Más allá de Europa, Estados Unidos, Japón, Australia, Canadá y Nueva Zelanda cuentan con índices inferiores al 10%. En este sentido, el informe expone dos formas diferentes de luchar contra la economía sumergida, en función del modelo de estado y del gobierno de cada país. Por un lado, la postura estructuralista, que defiende una mayor regulación estatal del mercado laboral, más protección social y eficiencia en la intervención del Gobierno; y por otro, el modelo liberal que aboga por una menor presión tributaria, la desregulación y una intervención estatal mínima para frenar la economía sumergida.
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