El comunicado remitido por la autoridad norteamericana señala que "este hallazgo y las medidas tomadas respecto al mismo se basan en informaciones que indican que, durante varios años, ejecutivos de alto nivel de la entidad han facilitado, a sabiendas, transacciones a través de terceras partes blanqueadoras de capitales que actuaban en nombre de organizaciones criminales transnacionales".
En concreto, Jennifer Shasky Calvery, directora del FinCEN, ha señalado que la "ejecutiva corrupta de BPA y los débiles controles contra el lavado de dinero han hecho del banco un vehículo fácil para que terceras personas canalizaran el producto de la delincuencia organizada, la corrupción y la trata de personas a través del sistema financiero de Estados Unidos".
Asimismo, ha añadido que "este anuncio supone un paso crítico para abordar la conducta atroz de la institución financiera andorrana y enviar el mensaje de que Estados Unidos tomará medidas fuertes para proteger la integridad de sus sistema financiero de los criminales".
La nota destaca además que la acción llevada a cabo por el FinCEN pone de manifiesto la amenaza que supone el blanqueo de capitales a través de terceras personas para el sector financiero: "Las organizaciones criminales transnacionales a menudo encuentran obstáculos para tener acceso directo a las instituciones financieras globales y estadounidenses debido a sus actividades ilícitas. Pero, para conseguir esta ‘entrada’, muchas de ellas emplean los servicios de estos agentes externos, que incluyen profesionales como abogados y contables".
El Tesoro de Estados Unidos explica que "la actividad de blanqueo de capitales se ha producido principalmente mediante su sede en Andorra. BPA es uno de los cinco bancos del principado y filial de la entidad privada Grupo BPA". Los hechos investigados tienen que ver con las ganancias del crimen organizado en Rusia, China, así como de otros agentes corruptos y criminales extranjeros.
"BPA tiene acceso al sistema financiero de Estados Unidos a través de cuentas corresponsales en cuatro bancos del país en las que se han procesado cientos de millones de dólares". Los directivos de BPA "establecieron servicios financieros adaptados" a estas terceras partes encargadas de blanquear dinero para disfrazar el origen de dichos fondos. A cambio de ellos, estos ejecutivos "aceptaron pagos y otros beneficios" de parte de estos "clientes criminales".
Así las cosas, FinCEN ha entregado al Registro Federal un aviso de estos hallazgos que explica la base para las acciones tomadas y un aviso de propuesta de reglamentación (NPRM por las siglas en inglés de Notice of Proposed Rulemaking) que, de adoptarse de forma definitiva, prohibiría a las instituciones financieras estadounidenses abrir o mantener cuentas directas o indirectas de BPA, y a otras entidades extranjeras procesar las transacciones que involucran al banco andorrano.
Por otra parte, la NPRM propone también que las instituciones financieras apliquen una diligencia especial en las cuentas indirectas a nombre de bancos extranjeros para protegerse contra el procesamiento de las transacciones que impliquen a BPA. Dichas medidas están sujetas a un plazo de 60 días a partir de que la propuesta de reglamentación se publica en el Registro Federal.
Con nombre propio
FinCEN ha "hallado" a un alto directivo que "proporcionó ayuda sustancial a Andrei Petrov", conocido por trabajar al servicio de las organizaciones criminales rusas dedicadas a la corrupción. En febrero de 2013, la policía le detuvo por blanqueo de capitales y se sospecha que está vinculado a Semion Mogilevich, uno de los diez fugitivos más buscados del FBI.
Asimismo, se ha encontrado que otro ejecutivo de BPA "aceptó comisiones exorbitantes para procesar transacciones relacionadas con terceras partes que lavaban capital venezolano. Esta actividad consistió en la creación de empresas ficticias y complejos productos financieros para desviar fondos de la petrolera pública Petróleos de Venezuela (PDVSA)". En concreto, las transacciones relacionadas con el país latinoamericano se cifran en aproximadamente 2.000 millones de dólares.
Finalmente, el comunicado hace referencia a un tercer miembro de la cúpula del banco andorrano que "aceptó sobornos a cambio de procesar ingentes transferencias de efectivo para otro tercer agente blanqueador de dinero: Gao Ping", que ha actuado en nombre de una organización criminal transnacional involucrada no sólo en este tipo de delitos y "el tráfico de personas y estableció una relación con BPA para lavar capitales en nombre de dicha organización y numerosos empresarios españoles. A través de su socio, Ping pagó importantes comisiones a los trabajadores de la entidad para aceptar depósitos en efectivo en cuentas poco vigiladas y transferir fondos a empresas sospechosas en China. Ping fue detenido por la policía española en septiembre de 2012".
La importancia de la coordinación en la lucha contra el blanqueo
Calvery ha reconocido la importancia de la coordinación en esta materia con el Departamento de Justicia, la oficina del Fiscal para el Distrito Este de Texas, el área de investigación de inmigración y control de aduanas de Seguridad Nacional, y el Servicio de Investigación Criminal de Impuestos Internos (IRS CI por sus siglas en inglés.
"Estamos asistiendo a un creciente tendencia entre empresas y profesionales que son reclutados por las organizaciones criminales internacionales para facilitar la corrupción y la creación de empresas tapadera para el blanqueo de dinero y otras actividades ilegales", ha afirmado Peter Edge, director ejecutivo asociado del HSI (Seguridad Nacional).
Por su parte, RIchard Weber, jefe de investigación criminal del IRS CI, ha declarado que "las instituciones financieras internacionales están invitadas a actuar como vehículo conductor para que sus clientes accedan a los bancos estadounidenses, siempre y cuando cumplan con nuestras leyes. Sin embargo, cuando sus directivos recurren a la corrupción y el soborno para enriquecerse, no deben sorprenderse cuando nuestros agentes especiales llaman a su puerta".
Finalmente, Calvery ha elogiado la contribución de las autoridades andorranas en esta investigación, apreciando su compromiso, así como la del Gobierno mexicano.
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