El año 2026 llega sin una gran reforma fiscal de ruptura, pero sí con cambios relevantes que afectan de lleno a la planificación de las empresas en España.
Ajustes en el Impuesto sobre Sociedades, nuevos incentivos ligados al empleo, avances —y aplazamientos— en la digitalización fiscal y una mayor exigencia en el cumplimiento normativo marcan un ejercicio en el que anticiparse puede suponer una ventaja competitiva.
Las novedades fiscales de 2026 dibujan un escenario de transición: menos tipos nominales para pymes, más control y más obligaciones técnicas para todas.
Menor presión fiscal para pymes y microempresas
Uno de los cambios más significativos para el tejido empresarial es la continuación de la reducción progresiva del Impuesto sobre Sociedades, especialmente dirigida a las empresas de menor tamaño.
En un contexto de costes crecientes —energía, salarios, financiación—, esta rebaja busca aliviar la carga fiscal y reforzar la competitividad. Las microempresas, con una facturación inferior al millón de euros, tributarán en 2026 con un tipo reducido en los primeros tramos de beneficio, mientras que las pequeñas entidades verán cómo su tipo general baja hasta el 23%. No se trata solo de una medida recaudatoria, sino de una señal política: apoyar a las pymes como columna vertebral de la economía española. Para muchas compañías, esta rebaja obliga a revisar previsiones, pagos fraccionados y decisiones de inversión, ya que el impacto real se notará en la base imponible y en la planificación a medio plazo. La política fiscal de 2026 también refuerza su conexión con el mercado laboral. El Gobierno ha puesto sobre la mesa incentivos en el Impuesto sobre Sociedades para las empresas que asuman subidas del Salario Mínimo Interprofesional y mantengan el empleo. Aunque el desarrollo reglamentario aún está en marcha, el mensaje es claro: la fiscalidad se utiliza como herramienta para acompañar decisiones empresariales en materia salarial. Para sectores intensivos en mano de obra, esta medida puede marcar la diferencia entre absorber el incremento de costes o trasladarlo al precio final. Si hay un eje que atraviesa todas las novedades fiscales es la digitalización del control tributario. Aunque la entrada en vigor obligatoria del sistema Verifactu se ha aplazado hasta 2027, este 2026 se consolida como un año clave de preparación. La Agencia Tributaria avanza hacia un modelo de facturación verificable, trazable y prácticamente en tiempo real, lo que implica cambios profundos en los sistemas contables y de gestión de muchas empresas. Para aquellas que ya operan bajo el Suministro Inmediato de Información (SII), la transición será más suave. Para el resto, 2026 es el último margen real para adaptarse sin prisas. Más allá de la tecnología, este cambio implica un nuevo paradigma: menos margen de error, mayor coherencia entre contabilidad y fiscalidad y un control más estrecho sobre el IVA. En el ámbito del IVA, 2026 no introduce grandes novedades, pero sí mantiene ajustes relevantes para determinados sectores, especialmente en los regímenes especiales de agricultura, ganadería y pesca, que se prorrogan con condiciones específicas. Estas medidas afectan directamente a la liquidez de muchas pymes y cooperativas, por lo que la elección —o renuncia— a determinados regímenes sigue siendo una decisión estratégica más que administrativa. Para las empresas con estructuras más complejas o presencia internacional, 2026 refuerza una tendencia ya conocida: mayores límites a la compensación de pérdidas fiscales y al uso de créditos fiscales extranjeros. Tras ajustes normativos y pronunciamientos judiciales, el marco vuelve a endurecerse, obligando a los grupos empresariales a afinar su planificación fiscal consolidada. En este contexto, el error ya no es solo pagar más impuestos, sino hacerlo tarde o de forma incorrecta, con el consiguiente riesgo sancionador. Aunque no siempre ocupan titulares, las obligaciones formales siguen ganando peso. Registros, modelos informativos, impuestos especiales y tributos medioambientales incorporan nuevos requisitos técnicos que afectan a sectores como la industria alimentaria, bebidas, energía o distribución. El mensaje de la Administración es claro: la reducción de tipos para unos convive con un mayor control generalizado para todos. En conjunto, 2026 se presenta como un año decisivo para las empresas españolas. No tanto por grandes subidas de impuestos, sino por la necesidad de adaptarse a un entorno fiscal más técnico, más digital y más vinculado a decisiones estratégicas como el empleo, la inversión o la estructura empresarial. Para las compañías que se anticipen —revisando su fiscalidad, modernizando sistemas y planificando con tiempo—, el nuevo ejercicio puede convertirse en una oportunidad. Para las que no lo hagan, el riesgo ya no es solo pagar más, sino quedarse atrás.
Fiscalidad y empleo: incentivos ligados al salario mínimo
Digitalización fiscal: más tiempo, pero sin marcha atrás
IVA y regímenes especiales: estabilidad con matices
Grupos empresariales y fiscalidad internacional
Más control, más cumplimiento
Un año clave para anticiparse
