Fiscalidad: ¿qué medidas debe lanzar el próximo presidente?

Gestha lamenta que en la última década se haya perdido en gran medida la progresividad del sistema tributario evidenciándose un trato diferente para las rentas del trabajo y las del capital, ya que los contribuyentes con menos ingresos pagan paradójicamente más impuestos que las grandes fortunas. Actualmente, la mayor carga impositiva la soportan los contribuyentes con ingresos anuales por debajo de los 30.000 euros; un total de 15,8 millones de personas de las que 14 millones son trabajadores y pensionistas.

Asimismo, los Técnicos señalan que los impuestos indirectos (como el IVA, que todos los ciudadanos pagan independientemente de su situación económica) tienen demasiado peso en el sistema tributario español, que sobrepasa en 6.000 millones anuales la media europea, ya que gravan a todos los contribuyentes por el mismo rasero con independencia de su capacidad económica.

Frente a la aprobación de medidas regresivas que está acentuando la brecha de la desigualdad, Gestha, desde la Plataforma por la Justicia Fiscal (en la que se integran asociaciones y sindicatos como CCOO, USO, ATTAC España, Economistas sin Fronteras, Oxfam Intermón, EAPN España, FONGDCAM, InspirAction, Observatorio de la RSC, Publiquen lo que pagan y Alianza contra la Pobreza), propone diseñar una política tributaria más cercana a la realidad social española, es decir, más general, equitativa y progresiva, de forma prioritaria a través de una lucha decidida contra la evasión y elusión fiscal. En la actualidad la tasa de economía sumergida que hay en España supone casi el 25% del PIB, lo que se traduce en que más de 253.000 millones de euros escapan al control fiscal.

Según Gestha, en un escenario de austeridad y recortes de políticas sociales no puede resultar indiferente que la fiscalidad siga caminando hacia medidas como la bajada del tipo nominal de los impuestos de Sociedades, Sucesiones o Patrimonio. Igualmente, cree que figuras como las SICAVS o las ETVEs no deberían tener un gravamen mínimo o exención cuando favorecen la evasión y la elusión de impuestos. Las grandes empresas y fortunas (los principales beneficiados por estos vehículos de inversión) son responsables del 72% del fraude fiscal, a pesar de lo cual, solo concentran el 20% de los esfuerzos de Hacienda en este segmento.

Los pilares de la justicia fiscal

Por ello, Gestha propone tres ejes de medidas fundamentales para avanzar hacia la denominada justicia fiscal. En primer lugar, abogan por dotar al sistema de mayor progresividad impositiva recuperando un mayor peso de la imposición directa sobre la indirecta, es decir, dando más protagonismo a la capacidad económica del ciudadano y de las empresas. Asimismo, piden igualar el tratamiento de las rentas del trabajo y las del capital, limitar los incentivos y deducciones en el Impuesto de Sociedades, implantar el Impuesto a las transacciones financiertas y abordar una decidida lucha contra el fraude y la elusión fiscal, que nos permita alcanzar un nivel de presión fiscal igual al del resto de la Eurozona. En este sentido, el colectivo estima que España pierde 79.000 millones de euros anualmente por su menor presión fiscal en comparación con la media ponderada de los países de la UE.

En segundo lugar, solicitan una mayor dotación de medios humanos y técnicos en la Agencia Tributaria para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, reformando su estructura y funcionamiento, para poner mayor atención en las grandes bolsas de fraude, responsabilidad de grandes empresas y fortunas.

Por último, reclaman mecanimos que exijan mayor transparencia a las grandes empresas en materia fiscal. Entre ellos, el requerimiento de un informe económico y de pago de impuestos que refleje todos los países en los que las empresas estás presentes y que sea de acceso público.

En este sentido, los Técnicos vienen pidiendo desde hace tiempo que se haga público el modus operandi de las 4.752 mayores compañías del país, que facturan más de 45 millones de euros, ya que muchas suelen llevar a cabo una planificación fiscal agresiva con la que derivan los beneficios que obtienen en España a países de muy baja o nula tributación, contribuyendo de media tres veces menos que una pyme, cuyo tipo medio efectivo es del 15%.

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