Cuando Jorge Bergoglio se sentó por primera vez en el Trono de San Pedro bajo su nuevo nombre, Francisco, nacía también un gestor económico decidido a poner en orden las finanzas vaticanas marcadas, hasta ese momento, por la opacidad y el escándalo.
El anterior pontífice Benedicto XVI decidió retirarse poco después de que se produjera el llamado Vatileaks, el robo de documentos relacionados con un escándalo de corrupción en el que el Banco Vaticano aparecía mencionado y que mostraba como miembros de la alta curia estaban vinculados, incluso, con delitos mafiosos.
Más allá de una mera preocupación por lo que estos sucesos pudieran acarrear a la imagen de la Santa Sede, en el aspecto monetario, Francisco pasará a la historia por impulsar una profunda reforma tanto en las instituciones financieras directamente vinculadas a la Iglesia como por sus propias políticas como Jefe de Estado.
El último estado de cuentas del Vaticano, correspondiente a 2023, arrojó un déficit de 83 millones de euros, lo que supuso casi tres veces más que en 2022, cuando fue de 33 millones. Los ingresos, por su parte, también aumentaron, pasando de 43 a algo más de 48 millones, lejos del gasto presupuestado por el Pontífice.
Estas cifras eran, incluso, mayores cuando Francisco se hizo cargo del estado y decidió reformar toda la política económica bajo tres premisas: transparencia, austeridad y control del gasto.
Una de sus primeras medidas que adoptó fue reforzar el control sobre el Instituto para las Obras de Religión (Banco Vaticano), creando una Secretaría de Economía bajo el mando hoy de Benjamín Estévez de Cominges y del prefecto Maximino Caballero. Además, creó un Consejo de Superintendencia con especialistas en finanzas y un auditor externo, encargado de fiscalizar los estados contables del organismo y que que acabaron con el cierre de más de 5.000 cuentas sospechosas y el desmarque ante cualquier vínculo con paraísos fiscales.
La disminución en las donaciones de fondos de los fieles en todo el mundo también ha supuesto una preocupación para el Papa que ha llamado a un menor gasto a todos los miembros de la Curia. El Pontífice no ha dudado en imponer mano dura cuando lo ha visto necesario y rebajar hasta en tres ocasiones los sueldos de los cardenales.
Yendo un paso más allá, hace un año hizo un llamamiento para alcanzar el déficit cero calificándolo no como algo deseable sino como un hecho factible. Como primera medida, puso el foco en el Fondo de Pensiones Vaticano, donde el cardenal Farrell, como único administrador, tiene la misión de restructurarlo hasta lograr su sostenibilidad.
Con el fin de acercarse a ese objetivo de déficit, el Papa ya derogó las normas que permitían el uso gratuito o favorable de los bienes inmuebles propiedad de la Santa Sede. Este «sacrificio», según el propio Francisco afecta a cardenales, jefes de Dicasterio, presidentes, secretarios, subsecretarios, administradores y equivalentes que deben pagar el precio estándar por hacer uso de esos bienes.
Esta ley también implica que cualquier elemento, mueble o inmueble, comprado por la Curia pertenece de forma indivisible al Vaticano asegurando así un mayor patrimonio.
Para este 2025, año jubilar, se prevé récord de visitantes en Roma y, por ende, mayor gasto también en el Vaticano. Los museos de la Santa Sede así como las visitas y ventas de productos relacionados, que sufrieron un revés con la pandemia, podrían incrementar las arcas del estado más pequeño del mundo y, junto a las medidas implantadas, ayudar a sanear su economía.
