Cuando Jorge Bergoglio se sentó por primera vez en el Trono de San Pedro bajo su nuevo nombre, Francisco, nacía también un gestor económico decidido a poner en orden las finanzas vaticanas marcadas, hasta ese momento, por la opacidad y el escándalo.
El anterior pontífice Benedicto XVI decidió retirarse poco después de que se produjera el llamado Vatileaks, el robo de documentos relacionados con un escándalo de corrupción en el que el Banco Vaticano aparecía mencionado y que mostraba como miembros de la alta curia estaban vinculados, incluso, con delitos mafiosos.
Más allá de una mera preocupación por lo que estos sucesos pudieran acarrear a la imagen de la Santa Sede, en el aspecto monetario, Francisco pasará a la historia por impulsar una profunda reforma tanto en las instituciones financieras directamente vinculadas a la Iglesia como por sus propias políticas como Jefe de Estado.
El último estado de cuentas del Vaticano, correspondiente a 2023, arrojó un déficit de 83 millones de euros, lo que supuso casi tres veces más que en 2022, cuando fue de 33 millones. Los ingresos, por su parte, también aumentaron, pasando de 43 a algo más de 48 millones, lejos del gasto presupuestado por el Pontífice.
Estas cifras eran, incluso, mayores cuando Francisco se hizo cargo del estado y decidió reformar toda la política económica bajo tres premisas: transparencia, austeridad y control del gasto.
