A finales de 2014, México puso en marcha una nueva regulación del sector energético con el objetivo de modernizarlo sin privatizar las empresas públicas de electricidad (CFE) e hidrocarburos (Pemex), desarrollar la industria nacional y permitir la entrada de tecnología internacional de forma que se impulse un crecimiento económico.
De tan ambicioso plan y sus oportunidades hemos hablado con Francisco Salazar, presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) de México y presidente de la Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE).
Ante este nuevo panorama, ¿a qué retos se enfrenta ahora México?
En primer lugar, la implementación de la reforma tiene que hacerse rápido, porque vamos con un cierto retraso, pero al mismo tiempo ha de hacerse bien. Y en segundo lugar, tenemos un desafío que es compartido con el resto de la industria en el mundo: la falta de personal capacitado en el sector.
¿Cómo impactará la liberalización del sector energético en la economía de su país?
Va a impactar de una manera muy positiva, y no solo por el impulso a la competitividad. Antes la inversión estaba constreñida, pero ahora el sector privado aportará recursos y esto generará la posibilidad de crear nuevas fuentes de empleo que además serán bastante bien pagadas, porque el sector energético es uno de los que mejor paga, así que ayudará a mejorar la calidad de vida de mucha gente.
¿Las empresas privadas van a poder participar?
Definitivamente, aunque bajo distintas modalidades. Por ejemplo, en el caso de la producción hay tres tipos de contratos: contratos de producción compartida, de utilidades compartidas y contratos de licencia. En el caso de la distribución, hay contratos de operación, de gestión, de financiamiento. Es decir, en algunos sectores, en donde el estado sigue teniendo un control o la rectoría de esa actividad, hay unas ciertas modalidades que definen cómo será la participación privada. Pero en realidad, todo se ha abierto para que el sector privado pueda participar.