La regulación y la burocracia se han convertido en sinónimos del funcionamiento de la Unión Europea. Ahora, es el sector financiero, especialmente el enfocado en la inversión, el que está sufriendo las consecuencias de las normativas aprobadas desde Bruselas. En este caso, hay que retrotraerse al año 2018 y a la puesta en marcha del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles, que nació como un marco regulatorio para impulsar y regular la inversión bajo los criterios ESG, que responden a las siglas inglesas de Medioambiente, Social y Gobierno Corporativo.
Para los menos familiarizados con el concepto, la Comisión Europea buscaba canalizar e impulsar la inversión privada a aquellas compañías que trabajasen en reducir la huella de carbono suya o en el planeta; las que desarrollasen proyectos sostenibles; también las empresas que apostasen por la diversidad e inclusión y aquellas que tuvieran en cuenta una serie de valores a la hora de apostar por la propia gestión interna, entre otros criterios.
El resultado de estas buenas intenciones se transformó en la creación de diversas normativas, como el reglamento SFDR, el reglamento de divulgación, la clasificación de los fondos como artículo 8 y artículo 9 y, también, el famoso Green Mifid, que llegó en agosto de 2022. Sin embargo, casi seis años después desde que se pusiera la primera piedra, el resultado está siendo dispar. Por un lado, los fondos sostenibles – como se menciona más adelante – han demostrado ser más resilientes, menos volátiles y también más rentables, algo muy positivo para los inversores. Sin embargo, por otro lado, la complejidad burocrática y las incongruencias entre normativas han llevado a Bruselas a tener que replantearse casi por completo el camino marcado.
¿Qué ha pasado con la regulación ESG?
El mencionado Plan de Acción de Finanzas Sostenibles es, sin duda, ambicioso y pretende regular los diferentes engranajes de la cadena inversora. Es decir, desde la información que las empresas deben rebelar a los potenciales inversores, hasta la creación del propio producto – los fondos – y, por supuesto, la manera de llegar al inversor final.
Teniendo en cuenta estos tres pilares, hasta ahora, solamente se había comenzado a regular la parte de creación de producto y de comercialización de los mismos. Por el momento, las compañías no cuentan con ningún tipo de normativa estandarizada para informar de estos aspectos ESG, lo que complica la labor de las gestoras a la hora de hacer selecciones. Más allá de eso, la incompatibilidad entre las normas enfocadas al desarrollo de fondos y el ‘Green Mifid’ han llevado a las gestoras, asesores y regulador a tener que replantearse todo lo hecho hasta ahora.
