La noche del pasado 7 de septiembre, Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, acudía a un canal de televisión en abierto para ser entrevistado acerca de la situación económica actual que acecha en España. Una visión general centrada en lo que se puede hacer desde el punto de vista del empresario, comparando a la nación con una familia.
Garamendi no dudó en calificar la inflación actual como un lastre para la sociedad, añadiendo que “los empresarios y autónomos no son los responsables de esta situación”. Como representante de los empresarios, hizo un llamamiento a la economía individual, personal y empresarial.
Una situación compleja debido al bajo poder adquisitivo actual de la población que contrasta abruptamente con los ingresos en positivo que está percibiendo el Gobierno gracias a los conocidos como ‘beneficios caídos del cielo’. Se estaría hablando de unas ganancias para el Estado de entre 20 y 30 mil millones de euros percibidos debido a los impuestos energéticos. Cifras que también contribuye a la inflación.
Tal y como añadía el presidente de la CEOE, es necesario instar al ciudadano al ahorro energético, pero también se le debe atribuir más poder adquisitivo. “La gente necesita más dinero en el bolsillo.”, recalcaba. “Cada uno debe gestionar sus gastos individualmente.” Otro de los motivos por los que, desde la organización de empresarios, se pide deflactar el IRPF o rebajar el IVA como algunas de las medidas que transmiten al Ejecutivo y diferentes instituciones como representantes para frenar esta crisis de emergencia.
“Acordar precios entre empresarios es un cartel”
Ante las declaraciones de la ministra de Trabajo y Economía, Yolanda Díaz, acerca de su propuesta para “acordar precios”, Garamendi no dudaba en tildar esta medida como una “programación soviética” y fuera de ley. A pesar de que desde el Ministerio de Economía se quieran seguir los pasos de Francia, poniendo costes máximos a productos básicos, se estaría tratando de una ilegalidad en la que no se estaría teniendo en cuenta ni a los pequeños productores ni a las distribuidoras.
