Google ha alcanzado un acuerdo para resolver una demanda colectiva en Estados Unidos por el uso de datos móviles en dispositivos Android, con un pago de 135 millones de dólares.
El caso, conocido como «Taylor et al. contra Google LLC», acusaba a la compañía de transmitir datos en segundo plano sin consentimiento ni información suficiente al usuario.
Google negó las acusaciones y el acuerdo no implica reconocimiento de culpabilidad, pero pone fin al litigio y contempla cambios en las políticas de divulgación sobre uso de datos.
Un acuerdo sin admisión de responsabilidad
La demanda señalaba que los dispositivos Android enviaban información a servidores de Google incluso cuando estaban inactivos, con aplicaciones cerradas y conexiones Wi-Fi disponibles.
Según los demandantes, estas transferencias generaban un consumo de datos móviles pagados por los usuarios, beneficiando a la compañía.
El acuerdo permite cerrar el caso sin juicio, evitando un proceso judicial prolongado en un contexto de creciente presión regulatoria sobre las grandes tecnológicas.
Cómo se reparte la indemnización
El acuerdo establece un fondo de 135 millones de dólares no reembolsables, del que se descontarán honorarios legales y costes del proceso.
El importe restante se distribuirá entre los usuarios elegibles, con pagos que podrían alcanzar los 100 dólares por persona, aunque previsiblemente serán inferiores.
La cuantía final dependerá del número de reclamantes, estimado en decenas de millones de usuarios en Estados Unidos.
Quién puede reclamar
Podrán optar a la compensación los residentes en Estados Unidos que utilizaron dispositivos Android con datos móviles entre noviembre de 2017 y la fecha de aprobación definitiva del acuerdo.
Los usuarios de California quedan excluidos, al haber sido cubiertos por un acuerdo previo similar.
En la mayoría de los casos, no será necesario presentar una reclamación formal, ya que los usuarios recibirán una notificación para seleccionar el método de pago.
Formas de pago y proceso
Los pagos podrán realizarse a través de plataformas digitales como PayPal, Venmo o Zelle, además de transferencias bancarias o tarjetas virtuales.
El acuerdo está pendiente de aprobación final por parte de un juez federal, que deberá validar los términos antes de autorizar la distribución de los fondos.
El caso se enmarca en un contexto de mayor escrutinio sobre el uso de datos y la privacidad en el ecosistema digital, especialmente en dispositivos móviles.
