El Ministerio de Hacienda de España prevé reducir los beneficios fiscales en una décima del PIB —unos 1.675 millones de euros— durante este ejercicio.
El compromiso forma parte del Plan de Recuperación y del plan fiscal estructural enviado a Bruselas, y debe cumplirse antes de que termine 2025.
Aunque Hacienda no ha concretado todavía qué exenciones o deducciones serán modificadas o suprimidas, se apoyará en los informes elaborados en los últimos años por la AIReF y por un grupo de expertos integrado por el Instituto de Estudios Fiscales, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos.
Entre los beneficios fiscales analizados destacan los tipos reducidos de IVA, las exenciones en IRPF, las aportaciones a planes de pensiones o las diferencias impositivas entre diésel y gasolina. En total, la AIReF cifró en 60.000 millones de euros el coste anual de estas figuras en su informe de 2020.
En el caso del IRPF, los beneficios estudiados incluían reducciones por tributación conjunta, deducciones sociales por maternidad o discapacidad, rentas del trabajo y arrendamientos de viviendas. En el IVA, el coste se concentraba en los tipos reducidos (17.787 millones), la exención de sanidad y educación (3.457 millones) y servicios financieros (2.777 millones).
Sobre el impuesto de sociedades, la AIReF y el grupo de expertos valoraron deducciones por I+D, producciones audiovisuales, entidades sin ánimo de lucro y reservas de capitalización. También se analizaron las indemnizaciones por despido, prestaciones familiares o la venta de vivienda habitual por mayores de 65 años, entre otras.
Uno de los puntos más complejos es la equiparación fiscal del diésel y la gasolina, una medida pendiente del Plan de Recuperación que ya ha causado la pérdida de 460 millones de euros en fondos europeos por incumplimiento.
Además de esta revisión, el Gobierno se ha comprometido a aumentar de forma permanente los ingresos fiscales en una décima del PIB anual entre 2025 y 2028. Para ello, se apoyará en nuevos impuestos a la banca, a los cigarrillos electrónicos, el gravamen mínimo a multinacionales y la subida del IRPF para rentas del capital superiores a 300.000 euros.
