El nuevo frente judicial de Bankia con la demanda de Iberdrola pone en juego 1.237 millones de euros, los que levantó en la salida a Bolsa por el tramo institucional al que acudieron Mapfre con una inversión de 281 millones, Santander con 156 millones o Telefónica y CaixaBank, que pusieron casi 100 millones. La operación, calificada en 2011 por el entonces presidente de la entidad Rodrigo Rato como "cuestión de Estado", hizo que lo más granado de la empresa española acudiera al rescate. Mutua Madrileña, ACS, Acciona, Ferrovial, Abengoa, OHL, Renta 4 o Prosegur también se interesaron en Bankia.
Iberdrola suscribió casi 70 millones de euros y ahora reclama 12,4 millones por vía judicial, más costas judiciales. Pero muchos de los institucionales han descartado en su momento públicamente tomar medidas legales. El presidente de Mapfre, Antonio Huertas, aclaró en la última Junta de Accionistas que el equipo jurídico de la aseguradora había desaconsejado emprender acciones legales. El consejero delegado de Santander, José Antonio Álvarez, en una de sus comparecencias también descarto abrir este frente. Pero no todos los institucionales han seguido el mismo camino.
Iberdrola ha tomado esta decisión después de que un juzgado de primera instancia diera la razón a Festina Lotus al reclamar 2 millones de euros, una decisión que ha sido recurrida por Bankia ante la Audiencia Provincial de Madrid. La propia Bankia reconoce que tiene siete procedimientos judiciales abiertos por otros siete inversores institucionales en el informe de gestión de 2015.
Actualmente, hay interpuestas contra Bankia 50 demandas de inversores institucionales por valor de 35 millones de euros, según explicó, José Ignacio Goirigolzarri, presidente de la entidad, durante la presentación de resultados. Hasta el momento ha habido siete sentencias desfavorables para el banco, todas ellas recurridas a instancias superiores, y una a favor.
La estrategia de Bankia es la misma que mantuvo con los contenciosos civiles contra los pequeños accionistas de recurrir a instancias superiores. El camino judicial terminó con la sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a los pequeños inversores y obligó a la entidad a promover un acuerdo extrajudicial para zanjar la disputa, devolviendo la inversión más un 1% de intereses. La entidad cargó a provisiones casi 1.900 millones por esta eventualidad.
