Strabos primero renunció a Iberdrola en junio pasado una vez que los medios mexicanos destaparan que el político mantenía a la vez los dos cargos y hoy miércoles ha presentado su dimisión como Coordinador de Vinculación de la Oficina de la Presidencia.
El político mexicano ha cedido a las presiones de la acusación de corrupción para favorecer los intereses de la eléctrica presidida por Ignacio Sánchez Galán. En la carta donde presenta su renuncia enviada a la Oficina de Presidencia admite que compatibilizó ambas actividades: "en días pasados se ha cuestionado si tuve o no conflicto de intereses al haber permanecido como Consejero Externo de la empresa Iberdrola, cargo al que fui invitado en el año 2009 y al que renuncié en junio pasado".
Strabos afirma en el documento que "ha sido en todo momento apegada a derecho. Sin embargo he tomado la decisión personal de presentar mi renuncia al cargo de Coordinador de Vinculación de la Oficina de la Presidencia". Además, pide que se abra una investigación para que esclarezca si su comportamiento fue ilegal.
Todavía no ha habido respuesta de las autoridades mexicana a su petición, pero desde España se ha iniciado los trámites judiciales para que la Fiscalía Anticorrupción y Audiencia Nacional investigue el caso por la denuncia de un particular. El pasado 26 de agosto Miguel Ángel Gallardo denuncia a Strabos e Iberdrola de "claro indicio de presuntos delitos relacionados con la corrupción" por la incompatibilidad de ambos cargos del político desde julio de 2013.
Durante este periodo en México se estaba elaborando la reforma energética que recientemente se ha aprobado por el Gobierno de Peña Nieto y que abre las puertas del sector a empresas privadas. DIRIGENTES se ha puesto en contacto con la compañía y ha declinado hacer comentarios sobre la noticia. La denuncia recuerda que el comportamiento de Strabos son presuntos delitos perseguibles de oficio al estar tipificado en el Código Penal.
También apunta a que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acusa a España de no perseguir a las empresas que sobornan funcionarios, y aunque reconoce "recientes esfuerzos" para investigar dos presuntos casos de soborno fuera de España, manifiesta "serias preocupaciones" sobre el "extremadamente bajo nivel de cumplimiento" del Convenio Anticorrupción de la OCDE, sin una sola acusación en 15 años. Los pagos de Iberdrola al funcionario público mexicano Jesús Ramírez Stabros fundamentan esta acusación penal.
hemeroteca
