La tecnológica Intel ha advertido a la Comisión de Mercado y Valores de Estados Unidos (SEC) que la entrada del Gobierno en su accionariado supone riesgos e incertidumbres para su negocio y sus accionistas, con un posible impacto en sus ventas internacionales.
En el documento presentado a la SEC, la compañía detalla los riesgos asociados al acuerdo por el que el Ejecutivo controlará casi un 10% de su capital, una operación que se cerrará el martes 26 de agosto o «cuanto antes» tras esa fecha.
Intel indicó que el 76% de sus ingresos procede de mercados fuera de Estados Unidos y advirtió de que ese negocio puede verse afectado negativamente por la participación gubernamental, lo que podría derivar en «regulaciones, obligaciones o restricciones adicionales» en otros países.
La firma señaló que no existen precedentes recientes en EE.UU. para una operación de este tipo y que pueden producirse reacciones adversas de inversores, empleados, clientes, proveedores, gobiernos extranjeros o competidores, tanto inmediatas como a largo plazo.
«Puede haber también litigios relacionados con la transacción o por el caso contrario, y un mayor escrutinio público o político respecto a la compañía», recoge el informe.
