El Gobierno de Dublín ha declarado este año el final de siete años de austeridad impuesta tras el rescate de su economía. Van a recortar el IRPF y han presentado un presupuesto para 2015 basado en un crecimiento de alrededor de un 3,9% del PIB en el que, a medida que aumentan el gasto, van a tratar de reducir el déficit presupuestario hasta el 3,7%, cerca de los objetivos del Pacto de Estabilidad europeo.
La doctrina de recortes impuesta ha sido dura para Irlanda desde 2008. Entonces, dos factores entremezclados que recuerdan mucho a lo ocurrido en España, tumbaron la economía: la burbuja inmobiliaria estalló y las entidades financieras fueron rescatadas a cargo del erario público. El tigre celta no pudo resistirlo y se vino abajo: su PIB, que ahora ronda los 175.000 millones de euros, se contrajo nada menos que un 25%.
A finales de 2010, Dublín firmó el Programa de Ajuste Económico para Irlanda con sus socios europeos: 85.000 millones de euros a cambio de ajustes tremendamente impopulares. Por ejemplo, la privatización del agua, que hasta ahora se pagaba a cargo de los impuestos. Un importante movimiento de protesta se ha erigido en torno al pago recaudado por una empresa semi estatal: unos 160 euros al año por cada adulto en un hogar, con un máximo de 260 euros por casa. Un tope que dejará de estar en vigor en 2019, cuando podría aumentar el cargo. Los más afectados son los 750.000 irlandeses pobres (de una población total de 4,5 millones).
Claves del crecimiento
A principios de 2011 se inició una gran recapitalización del sistema bancario (en parte con dinero europeo) que ayudó a estabilizar el sistema financiero. A finales de 2012, Irlanda volvió a tener acceso a los mercados financieros internacionales, para finalmente salir del programa de rescate en 2013. Desde entonces ha comenzado una fulgurante recuperación con unos índices importantes de inversión extranjera y nacional y, sobre todo, impulsada por un boom exportador, como España.
