El Gobierno italiano ha anunciado que responderá a la Comisión Europea tras el aviso de Bruselas por posibles irregularidades en la compra de Banco Popolare Milano (BPM) por parte de Unicredit.
Según el Ejecutivo de Giorgia Meloni, ya ha justificado sus decisiones ante el Tribunal Administrativo y lo hará también en el ámbito comunitario, en un tono «colaborador y constructivo».
La Comisión considera que Italia incumplió normas europeas sobre fusiones, al imponer condiciones adicionales a la operación. Bruselas ha abierto una fase de intercambio con Roma antes de decidir los «próximos pasos», subrayando que «la pelota está ahora en el tejado» del Gobierno italiano.
El foco del conflicto está en el uso de la llamada «acción de oro» (golden power), que permite a los Estados miembros proteger «intereses legítimos» en operaciones estratégicas.
Italia exigió a Unicredit, entre otras condiciones, su salida del mercado ruso, donde aún opera pese a la invasión de Ucrania, y restricciones financieras tras la fusión.
El Tribunal Administrativo Regional del Lacio ya ha dado parcialmente la razón a Unicredit, anulando exigencias que consideró desproporcionadas o imprecisas, como mantener sin cambios la relación préstamos-depósitos o conservar inversiones en grandes obras públicas sin un plazo definido.
La Comisión Europea argumenta que, aunque los Estados pueden intervenir, sus medidas deben ser compatibles con el Derecho comunitario, además de proporcionadas, adecuadas y no discriminatorias.
La operación, con la que Unicredit busca adquirir el cuarto mayor banco italiano, expira el próximo 23 de julio, mientras el banco dirigido por Andrea Orcel mantiene su pulso legal y político con el Gobierno.
