El Gobierno de Japón ha decidido activar una acción dorada en el consorcio tecnológico Rapidus, una medida que le otorga derecho de veto en decisiones de gestión clave y le permite controlar posibles filtraciones de tecnología avanzada.
La decisión ha sido respaldada este viernes por un panel de expertos y forma parte del nuevo marco regulador que refuerza la participación estatal en la industria de semiconductores.
El Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha impulsado esta medida tras revisar en abril la ley de promoción de tecnologías de la información, que establece los criterios para financiar empresas estratégicas en sectores de alta tecnología. El objetivo es proteger desarrollos sensibles en un contexto de fuerte competencia global y tensiones geopolíticas sobre el suministro de chips.
Rapidus, fundada en 2022 con el respaldo de ocho grandes empresas japonesas como Toyota y Sony, tiene previsto comenzar en 2027 la producción en masa de chips de 2 nanómetros, un hito clave para posicionar a Japón en la vanguardia de la industria global de semiconductores. Sin embargo, la empresa aún no ha asegurado toda la financiación necesaria para llevar a cabo sus planes.
Como parte de su estrategia para fortalecer el ecosistema nacional de chips, el Ejecutivo japonés ha anunciado una nueva inversión de 100.000 millones de yenes (unos 590 millones de euros) que se materializará antes de que finalice el año. Esta aportación se suma a otras ya comprometidas para respaldar la construcción de infraestructuras productivas.
Con esta intervención directa, Japón busca consolidarse como centro estratégico de producción de semiconductores, garantizar la soberanía tecnológica y competir con otras potencias que también han reforzado su apoyo público a esta industria crítica.
