El pasado marzo aparecía el Real Decreto-Ley 5/2021 en el que se recogían las ayudas directas para trabajadores autónomos, pequeñas y medianas empresas. Cerca de 900 millones de euros con el fin de ayudar a miles de empresarios a salir de la crisis tras la pandemia y poder emplear el importe recibido “en satisfacer deudas y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como a compensar los costes fijos incurridos, incluidas las pérdidas contables, siempre que se hayan generado en el plazo establecido y procedas de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021”.
Sin embargo, y a pesar del buen fin de la nueva ley, no ha supuesto un trámite de tan fácil acceso y mucho menos cobro, reconocido incluso por el mismo Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por resultar “restrictivos, complejos y rígidos”.
Las dificultades de las comunidades autónomas para cruzar datos de estos gremios de trabajadores con Hacienda no tardaron en aparecer. Fue el propio Gobierno quien delegó el reparto de dichas ayudas a las CCAA, pero el arduo trabajo que conllevaba tener que, semanalmente, recabar información y documentación para poder llevar a cabo la concesión de las ayudas, no hizo más que empeorar los trámites y ralentizar las firmas de los protagonistas autonómicos.
Burocracia, obstáculos e innumerable documentación que ha dificultado a pymes y autónomos el poder sanear sus negocios tras la crisis provocada por la Covid.
La Comunidad de Madrid lidera las ayudas
Madrid se convirtió en la primera región en publicar la convocatoria de ayudas a fondo perdido, situándose también en el primer puesto en cuanto a efectuar el pago de las mismas se refiere. El resto de CCAA hicieron oficiales las bonificaciones entre junio y julio del 2021 y la Comunidad de Madrid ya había iniciado el pago de las mismas.
