El Estado de las Autonomías necesita un préstamo milmillonario para sanar su economía. Concretamente, 50.579 millones de euros es lo que el conjunto de las Comunidades Autónomas de España necesita para salir de una deuda pública que supera el 20% del presupuesto anual de gastos. Una suma que engorda año tras año y que, precisamente en este 2022, no se espera que vaya redimir.
Son las consecuencias de una política hipotecada que ha marcado el estilo de gobierno de un país, poniendo en peligro el futuro del mismo. La política a crédito es el resultado de una mala praxis implementada desde hace años en las Comunidades Autónomas para intentar vivir por encima de sus posibilidades. Práctica que, en veinte años, ha aumentado el gasto a crédito en más de un 900%, poniendo en evidencia los desajustes entre los diferentes gobiernos que han estado en el poder.
Consumir e invertir es positivo siempre y cuando la actividad económica lo permita. En una situación en la que la deuda pública es tan elevada, destinar el gasto autonómico a los servicios esenciales y evitar reducir el gasto a medios prescindibles sería lo lógico. Sin embargo, el consumismo no justificado aleja a los gobiernos autonómicos de una política fiscal acorde a la realidad que viven.
Una deuda y un déficit público disparados
El intento por volver a la normalidad tras los años más duros de pandemia, se está viendo empañado por la guerra de Ucrania. Razones más que fehacientes para pensar que son los principales motivos de una economía que este año está alcanzando históricos negativos. Se habla de la unión social para hacer frente a la desmesurada inflación, pero poco de la falta de estructura ante un gasto público acrecentado en un momento de máxima alerta que fue la pandemia o, más recientemente, la invasión rusa.
Pero la deuda pública a la que deben hacer frente las autonomías se remonta mucho antes de la aparición de la Covid. El endeudamiento de las CCAA se dispara en 2002 y desde entonces, no se ha parado de multiplicar. Se suman de este modo a la lista de administraciones públicas que no cuentan con una economía saludable para España, aunque con el añadido de que sus datos suponen una carga económica demasiado significativa para el conjunto del país.
