De todos los eventuales impuestos que se han escuchado desde la mudanza de Pedro Sánchez a la Moncloa, el primero en causar rechazo ha sido el del gasoil. El gobierno pretende que gravar el diésel reduzca su consumo y, en definitiva, que ello redunde en la mejora de la calidad medioambiental. Sin embargo, desde el sector de la automoción ya se ha producido una oposición frontal.
Desde la patronal de la automoción se pide al gobierno enfrentar esta situación “yendo más allá de una mera subida de impuestos”, solicita Anfac. Esta organización cifra el aumento de impuestos en un coste adicional para el sector de 2.100 millones de euros, cuya consecuencia directa es un efecto “muy negativo” sobre el transporte de mercancías.
No obstante, no es la única medida del nuevo gobierno para requilibrar el déficit público, en particular, el del sistema de pensiones. La batería de nuevas tasas que ha ideado el equipo de Sánchez genera dudas al sector empresarial, que responde alertando sobre los posibles efectos de esos impuestos.
Desde CEOE incluso se pone en duda que las nuevas propuestas fiscales sean compatibles con la reciente subida salarial. Antonio Garamendi, vicepresidente de CEOE cree que “si las empresas tienen que pagar por un lado, no podrán pagar por otro”. Asimismo, desde la patronal piden “tranquilidad y mucho estudio en el sentido del aumento de las cargas fiscales o de otro tipo, porque afectarán de forma medular a las empresas”.
También se ha propuesto un impuesto a la banca que, desde el ejecutivo, se espera que sirva para reducir las pérdidas de la Seguridad Social, algo que Sánchez planteaba desde la oposición y que ahora se vuelve a escuchar con más fuerza.
