A pesar de que el Gobierno quería apuntarse el tanto de llegar a un acuerdo con los agentes sociales, estos no han dudado en criticar su gestión y algunos de sus planes. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves en una entrevista en LaSexta que estaba previsto subir impuestos una vez la economía se recupere, cosa que Antonio Garamendi, presidente de CEOE ha criticado durante la firma de un acto entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal: “Pensamos que no es el momento de estos temas”.
En la misma línea se ha expresado el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva: “Creo que es un error (…). Puede lastrar el crecimiento económico y puede ser un lastre para que venga la inversión a nuestro país”. A pesar de ello, Sánchez se ha reafirmado en su propósito de alcanzar la “justicia fiscal”.
Al margen de ello, todos los intervinientes en el acto han reconocido la importancia del diálogo social. Cuerva cree que es importante para aunar esfuerzos y ha pedido al gobierno que “siga siendo ambicioso” y que no hay que escatimar esfuerzos. Garamendi ha reconocido que “la paz social es la mejor infraestructura que tiene un país”. Por eso, avisa al gobierno de que no quiere volver a enterarse de otro cambio que afecte a las empresas por la prensa. Por su parte, Sánchez ha puesto en valor la capacidad del gobierno y los agentes sociales para “alcanzar acuerdos sólidos con regularidad”.
En el documento que han firmado este viernes, las partes se comprometen a seguir avanzando en la reactivación de la economía, poniendo atención en varios pilares. Entre ellos, se nombra la formación, la innovación, la economía circular, la transición energética y la digitalización, que pretenden, además de acelerar la recuperación, adaptar la economía a las circunstancias del siglo XXI.
Más avales públicos
En un acto sin precedentes, el Gobierno ha anunciado los acuerdos del Consejo de Ministros sin una rueda de prensa posterior, tan solo con una nota de prensa y con la explicación de Sánchez sin ninguna pregunta. Se trata de un plan dotado con 50.000 millones de euros, que se distribuyen en los 40.000 millones de una nueva línea de avales del ICO para pymes y autónomos, y en otros 10.000 millones para apoyar la solvencia de empresas estratégicas.
