Impulsar la investigación, el desarrollo y la innovación es uno de los principales objetivos que se plantea con la reforma de la Ley 14/2011, de la Ciencia y la Tecnología, aprobada por el Congreso de los Diputados. Sin embargo, debido a una enmienda incorporada en la Cámara Alta, su tramitación se completará en el Senado.
La remodelación del texto está incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, estrategia enfocada a canalizar fondos públicos procedentes de la Unión Europea tras la crisis de la Covid-19. No obstante, la situación que nubla el presente y futuro de los talentos científicos y tecnológicos del país, es previa a las dificultades que nacieron a través de la pandemia.
La nueva ley pretende, por tanto, garantizar una financiación pública para el sector I+D y poder así competir con el resto de Europa donde las inversiones de públicas son mucho mayores y las trabas burocráticas apenas suponen un problema para llegar a ellas. A pesar de que 2030 está fijado como el año para terminar con esas barreras para el sector científico español, son muchos los profesionales que dudan de esta promesa.
Principales cambios en la Ley de la Ciencia y la Tecnología
Aprobada la reforma de Ley 14/2011, sin oponentes, el nuevo texto hace alusión a temas que atañen exclusivamente al gremio de la ciencia, la innovación y la tecnología.
- Aumento progresivo de la inversión en I+D+i hasta alcanzar en 2030 el 1,25% del PIB, según las recomendaciones de la UE. Actualmente, este porcentaje alcanza el el 0,58%.
- Crear contratos indefinidos, más acordes con las etapas laborales de tecnólogos e investigadores. A día de hoy, estos profesionales son de los gremios que más sufren la sucesión de trabajos temporales, incluso pasados los 40.
- Equiparar los méritos para aquellos profesionales que hayan trabajado fuera de las fronteras españolas como los que lo hayan hecho dentro de ellas. De este anexo, también forman parte los investigadores y tecnólogos que no solo hayan desarrollado su labor en organismos públicos.
- Los talentos más jóvenes contarán con mayores facilidades de contratación, según la nueva reforma. Los contratos del sistema público I+D+i tendrán una duración de entre tres y seis años, pudiendo aplicar a estos puestos independientemente de pertenecer al fundaciones o consorcios, siempre que pertenezcan al sector público.
- Una de las mayores novedades de esta remodelación del texto constitucional es que, los beneficiarios anteriormente nombrados, tendrán derecho a indemnización al terminar el contrato público, al igual que sucede con los investigadores que se estén preparado un doctorado.
- Paliar los trámites burocráticos a través de métodos como la simplificación en la presentación de facturas de compra con gastos públicos.
La histórica crisis de los científicos y tecnólogos españoles
Las dificultades en el gremio I+D+i parece formar parte de sus profesionales. A pesar de las políticas impulsadas desde hace algunos años, la fuga de talentos español a otros países no se ha podido frenar.
