La morosidad empresarial se manifiesta como una sombra persistente que amenaza a las pequeñas y medianas empresas (PYMEs). Ante este desafío constante, el Ministerio de Industria y Turismo, bajo la dirección del Ministro Jordi Hereu, ha decidido dar un paso adelante con medidas concretas.
La creación del Consejo Estatal de la Pequeña y la Mediana Empresa y el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada suena a un plan con gran potencial. Su misión consiste entre otras, en publicar anualmente una lista negra identificando a las empresas que incumplen los plazos legales de pago, una suerte de «luz roja» para los morosos que brinda apoyo a las PYMEs. Aquellos interesados en este asunto tuvieron la oportunidad de enviar sus comentarios hasta el 29 de enero.
En este juego empresarial, las PYMEs y los autónomos parecen estar en desventaja. Les falta no solo la baraja, sino también una Ley de Morosidad que les proporcione un escudo efectivo contra demoras y abusos. La legislación actual sólo menciona los recargos por pagos tardíos, sin ofrecer un mecanismo específico para denunciar abusos o malas prácticas de clientes deudores.
En la práctica, las PYMEs se encuentran atrapadas entre la espada y la pared, con la única opción de realizar llamadas para reclamar pagos o, en última instancia, recurrir a la justicia. En el mundo empresarial, ¿quién quiere enemistarse con un cliente recurrente?
La falta de músculo financiero y poder de negociación las coloca en una posición delicada. Imponer multas por pagos tardíos puede significar una pérdida económica si los clientes deciden marcharse. Ni siquiera Hacienda o cualquier otro organismo parece contribuir a hacer cumplir la ley.
