La economía lineal, basada en los procesos de extracción de recursos, manufactura, comercialización y deshecho, puede tener los días contados. A la vista de los múltiples inconvenientes que acarrea este modelo, como la constante fluctuación de los precios de las materias primas, el deterioro ambiental y un horizonte inexorable de escasez para la mayoría, se están creando redes institucionales y empresariales que aspiran a crear un nuevo paradigma basado en una sencilla premisa, la de reutilizar lo hasta ahora desechable y ampliar la vida útil de todo lo que se produce sin renunciar al bienestar social, a la competitividad y al crecimiento.
De este modo, la economía circular se ha convertido en un objetivo estratégico para la Unión Europea (UE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ven en este nuevo modelo la solución a dos problemas, la reducción del riesgo ambiental y la creación de nuevas oportunidades de negocio en un mundo plenamente interconectado. Así, el informe “Situación y evolución de la economía circular en España”, de la Fundación Cotec para la Innovación, considera que tanto nuestro país como la UE se encuentran ante la oportunidad de construir un “sistema económico más resiliente y adaptable” y, al mismo tiempo, crear más de 400.000 empleos en la UE, de los que 52.000 se localizarían en España, según estimaciones de la Comisión Europea.
HOJA DE RUTA A LA TRANSICIÓN CIRCULAR
A la vista de las múltiples ventajas que promete la economía circular, los expertos se están centrando en definir cómo abordar la transiciónhacia este nuevo modelo, basándose en las líneas argumentales de colaboración, conexión, globalidad y transversalidad que lleva implícito este concepto. De este modo, tal y como esgrime Cotec, se hace necesario actuar en tres frentes para armonizar el cambio hacia una economía más sostenible e innovadora: el plano legislativo, el de la fiscalidad y el de la formación.
En primer término, se destaca la importancia del impulso político para conseguir que acuerdos globales como el de París en 2015 o la Declaración de Sevilla en 2016 tengan su reflejo en las normativas locales, regionales y estatales. Además de la creación de legislación, también se hace necesaria la puesta en marcha de mecanismos de coordinación y participación transversal que ayuden a aplicar los planteamientos estratégicos de la UE y reaccionar ante nuevas realidades sociales y empresariales que surjan de esta transición.
