En plena escalada de efectos colaterales de la guerra y la pandemia, con índices inflacionarios subiendo a la velocidad de un misil y el sector energético hecho un polvorín de consecuencias sociales y ambientales imponderables, crece también en Latam el número de empresas, gobiernos y organizaciones civiles que ven en la economía circular un gran potencial para cambiar ese rumbo “de desastre”.
Países de Latam y el Caribe han comenzado a “desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental y el uso de recursos” apuntando a cumplir con la Agenda 2030 y el Acuerdo de París. Al menos así lo afirma la Coalición de Economía Circular de la región, creada en 2021 y que reúne a entidades públicas, privadas y sociales de 16 países.
No obstante, aún faltan “leyes robustas” para adoptar los principios de este nuevo paradigma, como lo observaron consejeros delegados (CEOs) de empresas alineadas con el Pacto Global al analizar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) en Brasil durante el Summit ESG2022, que se realizó, la última semana de junio, en formato híbrido.
Muy cerca…
Este país, que ha propuesto como contribución determinada a nivel nacional (NDC) reducir sus emisiones en un 37% en 2025 y 50% hasta 2030, se destaca en Latam por tener el 48% de su matriz energética limpia y el 85% de su generación eléctrica de fuentes renovables (preponderantemente hídrica), por lo que su transición hacia un modelo energético sustentable es menos distante y supone menos costes que para un país desarrollado.
Con todo, es un país que continúa incentivando la economía lineal, de corte extractivista y deforestando sus activos ambientales, según caracterizó Plinio Ribeiro, CEO de Biofilica Ampibar, a la política ambiental del Gobierno. “No existe discusión del clima en Brasil sin discutir la Amazonia en primer lugar”, definió Ribeiro durante el evento citado.
