La UE retira a Gibraltar y Panamá de su lista de riesgo financiero

El Parlamento Europeo respalda el nuevo listado y añade a Venezuela entre las jurisdicciones señaladas.
Edificio del Parlamento Europeo en Bruselas Edificio del Parlamento Europeo en Bruselas
Parlamento Europeo, Bruselas :: The Officer

El Parlamento Europeo ha dado luz verde a la nueva lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en la que saldrán Gibraltar y Panamá, entre otros territorios. También se ha decidido incluir a Venezuela en este repertorio, tras un proceso de revisión impulsado por la Comisión Europea.

Además de Gibraltar y Panamá, se retiran Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y Emiratos Árabes Unidos. En cambio, se incorporan Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal, por no cumplir los estándares internacionales en materia de prevención del delito financiero.

Aparecer en esta lista no implica sanciones automáticas, pero obliga a las entidades financieras europeas a aplicar medidas reforzadas de vigilancia sobre las operaciones vinculadas a esos territorios. Se diferencia de la lista de paraísos fiscales que elabora el Consejo de la UE.

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El Partido Popular ha criticado que el PSOE votara a favor de la exclusión de Gibraltar. «Gibraltar cumple todos los indicadores para ser un paraíso fiscal», declaró Isabel Benjumea, eurodiputada del PP, que señaló que el Peñón alberga más de 14.000 empresas activas con un impacto fiscal negativo de 7.000 millones de dólares para la UE.

La comisaria de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerqu, defendió la exclusión de Gibraltar por los progresos legislativos del territorio y por el acuerdo trilateral entre Bruselas, Madrid y Londres. Destacó que el Peñón cumple ya con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

La Eurocámara rechazó las cuatro resoluciones presentadas para objetar la lista, incluida una de Vox, que cuestionaba la salida de Gibraltar. Con este resultado, la propuesta de la Comisión Europea entra en vigor, salvo que el Consejo (los Estados miembros) decida lo contrario por mayoría.

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