La última batalla económica: los impuestos

Si aterrizara en nuestro país un alienígena y se pusiera a mirar el panorama fiscal, seguro que le llamaría la atención el hecho de que, el año en el que se espera un nimio crecimiento en España, solo superior ligeramente al 1% y con una inflación todavía vigorosa, la recaudación por impuestos llegará a cotas desconocidas, nada menos que hasta los 262.781 millones de euros, con crecimiento del 7,7% frente a otro espectacular ejercicio, como será al cierre, el de 2022.

Si hay dos cosas en la vida que son ciertas, parafraseando al más que ingenioso y venerado estadounidense Benjamin Franklin, son la muerte y los impuestos. Y lo dice nada menos que quien se encuentra en el anverso de los billetes de 100 dólares. En España, para 2023, será más cierto que nunca que se estima en 18.710 millones de euros el aumento de recaudación en un ejercicio en el que se espera que se muevan a medio gas la actividad y la inversión mientras veremos qué pasa con el empleo. 

Razones de la subida de impuestos

Iba a ser el año de la reforma fiscal, pero dos acontecimientos han cambiado el panorama impositivo en nuestro país: las consecuencias de una inflación desbocada, con subidas de tipos que pueden llevarnos de forma global, en general y en Europa, España incluida en particular, a una recesión en toda regla para su control. El segundo viene dado por la batalla iniciada por las autonomías para aligerar el peso fiscal ante la deflactación del IRPF, de todo color político.

Así, el Gobierno, ante el incremento de las medidas de bonificación sobre distintos aspectos, como ocurre con los carburantes o la electricidad y el gas, ha implementado una serie de impuestos, algunos de nuevo cuño y otros de elevación en los niveles de presión fiscal actuales, que incrementarán la recaudación y tendrán una segunda función: contrarrestar lo anunciado por algunas CCAA, tanto en el caso de las gobernadas por el PP, como para no quedarse atrás en las rebajas, en el caso de las lideradas por el PSOE.

Lo primero que hay que tener en cuenta, es que estamos hablando de impuestos “excepcionales y temporales” para los dos próximos años, aunque la ministra de Hacienda ya ha abierto la puerta (o su revisión) a estas nuevas figuras tributarias cuando acabe el plazo previsto. Es más, el Gobierno indica en su presentación que “se incluirá una cláusula de revisión para evaluar al término de su vigencia si es necesario mantenerlo o suprimirlo”. Pensemos si existe algún impuesto que se haya mostrado de ida y vuelta en España una vez establecido. Yo diría que no.

Los cambios impositivos que nos vienen

Entre los “nuevos y temporales” impuestos tenemos el que grava a los bancos y a las eléctricas. La razón del nuevo gravamen argumentado es que son dos sectores beneficiados por la subida de tipos, en el caso del financiero, y por el incremento del precio de la luz y el gas, en el caso energético. 7.000 millones, espera el Gobierno recaudar con ambos, 3.000 para las entidades y 4.000 para las energéticas en dos años.

El mal llamado “impuesto de solidaridad” es el que gravará a los patrimonios que superen los 3 millones de euros, en el que, para evitar la doble imposición y durante dos años, será deducible en el impuesto de Patrimonio. La esperada recaudación de este conocido como “impuesto a las grandes fortunas” podría alcanzar, en los cálculos de Hacienda, ingresos por valor de 1.500 millones de euros con 23.000 afectados. Pero también se elevará la fiscalidad en las rentas de capital. Subirá el IRPF del 26 al 27% el gravamen sobre las rentas superiores a los 200.000 euros, mientras que, en el caso de aquellas que superen los 300.000 euros anuales, el incremento será de dos puntos hasta el 28%. Afectará a más de 17.800 contribuyentes.

Otra modalidad de subida será el incremento de las cotizaciones sociales en 2023, incluido en los Presupuestos, y que supondrá un nuevo “hachazo” a las empresas. Hablamos de un incremento de las máximas estimado en un 8,6% anual que, sumado el incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional, se elevará al 9,2% para los costes laborales en nuestro país. Un aumento que afectaría a empresas con empleados que ganen más de 50.000 euros, por lo que trabajadores y compañías deberán cotizar por un montante añadido de casi 4.000 euros más en cada ejercicio en sus pagos a la Seguridad Social.

En cuanto a las rebajas, beneficiarán solo a aquellos que ganen menos de 21.000 euros, cota hasta la que se amplía la actual reducción por rendimientos del trabajo establecida hasta ahora en 18.000 euros. Se beneficiará el 50% de los contribuyentes con ahorros de hasta 1.881 millones de euros. Para las pymes, rebajará el tipo nominal del Impuesto de Sociedades del 25 al 23% para aquellas pequeñas y medianas empresas que facturen hasta un millón de euros, con un beneficio de 292 millones para casi 407.400 compañías.

Y en el caso de los autónomos dos medidas. Para 577.688 con ahorro de 68 millones habrá rebaja en el IRPF del 5% adicional en el rendimiento neto de módulos. Mientras que, los que tributan por estimación directa simplificada, más de 956.000, reducirán su factura fiscal en 116 millones al elevar del 5 al 7% la reducción automática de ese rendimiento por un importe máximo anual de 2.000 euros.

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