La normativa que exige a las Gestoras de Fondos comunitarias incrementar la transparencia en relación con su integración de riesgos de sostenibilidad, tiene una valoración positiva por parte de estas un año después de su entrada en vigor.
Sin embargo, cabe destacar también que pese estos buenos resultados, casi ocho de cada diez gestoras reconocen que existe todavía una cierta falta de definición, y la gran mayoría tiene una opinión muy negativa sobre el calendario de aplicación del reglamento, al considerar que debería haberse esperado a aprobarse las normas de desarrollo (RTS), que se ha retrasado hasta enero de 2023, antes de exigir la aplicación de estos principios, y así evitar confusión al inversor y más gastos de adaptación a las entidades.
En la encuesta, que han participado entidades Gestoras que representan más del 80% del patrimonio total invertido en Fondos de Inversión domésticos, se indica además que el 90% de las consultadas cuenta ya con Fondos que siguen criterios de sostenibilidad, de los que un 5% los han creado una vez que entró en vigor el Reglamento de Divulgación. De hecho, un 5% indica que está en proceso. Además, nueve de cada diez entidades también creen que ha mejorado el conocimiento y valoración del inversor minorista sobre Fondos con sesgo ESG, aunque una mayoría (68%) considera que todavía existe una diferencia entre la visión del minorista y del institucional.
Por otro lado, los datos muestran también que la gran mayoría de las gestoras (90%) coincide en que, la ausencia de información sobre sostenibilidad en las empresas en las que invierten y la falta de un marco jurídico definitivo, son los principales retos de las gestoras para adaptarse a este nuevo paradigma, mientras que un 53% también alude al coste de adaptación, tanto en procesos internos como de recursos humanos.

