En este contexto, el rating soberano de España tiene su "primera cita" del año con Standard & Poor’s (S&P) el 10 de abril, y la "segunda" el 2 de octubre. Entonces, la firma revisará la calificación "BBB", con perspectiva estable, que reiteró el pasado mes de noviembre (de 2014), después de subirla en un escalón en mayo.
En su último análisis la firma alertó sobre los riesgos que suponía para la economía española la fragmentación del entorno político que se espera tras las elecciones, tanto a nivel regional como nacional, de 2015. Y es que podrían producirse "desviaciones en las políticas fiscales y estructurales, que podrían poner en riesgo los objetivos de déficit público a medio plazo y el crecimiento económico".
Asimismo, reconoció que las reformas llevadas a cabo por el país desde 2012 han aumentado la competitividad, el empleo y las exportaciones; aunque advirtió sobre el lastre que supone la deflación "para el progreso económico y fiscal". S&P prevé que España crezca un 1,9% en 2015, un 2,1% en 2016 y un 1,7% en 2017.
Al explicar la perspectiva estable de la "nota" española, S&P apuntó que ésta se basaba en unas proyecciones de "recuperación económica y consolidación gradual presupuestarias de los riesgos de un debilitamiento del crecimiento externo, un prolongado estancamiento del sector privado y presiones deflacionistas".
Y añadió que consideraría aumentar la calificación ante una mayor reducción del déficit y estabilización de la deuda pública; o que la posición externa continúe mejorando; así como que se alivien los costes/acceso a la financiación para el sector privado. Por el contrario, el rating podría verse presionado a la baja si las perspectivas de crecimiento se debilitan con fuerza; si las acciones de política monetaria no logran evitar las presiones deflacionistas; o si la balanza por cuenta corriente se debilita de nuevo.
