La presión contributiva sobre los empresarios en España es una de las más altas de la Unión Europea, según los últimos datos publicados por la OCDE para el año 2015. De media, cada empleador paga un 29,9% a la Seguridad Social por trabajador, muy por encima del resto de países europeos, cuya contribución se sitúa en torno al 23,11%. En este sentido, los españoles son los cuartos europeos que más aportan a la hora de contratar a alguien por cuenta ajena. Francia es el primer país en el ranking, con un 37,87% de media, seguido por la República Checa (34%) e Italia (32,08%). En el otro extremo están Dinamarca, donde la presión media contributiva es de tan sólo el 0,85%, Holanda, con un 9,81%, e Irlanda, con un 10,75%. Los costes laborales en estos países se equilibran por el nivel de sus salarios: el salario mínimo en Holanda es de 1.537 euros/mes, en Irlanda de 1.546 euros al mes y en Dinamarca no existe un límite, muy por encima de los 707,6 euros/mes españoles. Por otro lado, España es también el cuarto país europeo en el que menos pagan los trabajadores a la Seguridad Social, un 6,35% de media. El promedio de la UE está en el 11,82%, y sólo están por debajo de la contribución española Dinamarca (0%), Estonia (1,6%) e Irlanda (4%). En el otro extremo de la lista se encuentran Eslovenia (22,1%), Alemania (20,48%) y Hungría (18,5%). 
En el sistema español, la empresa tiene la obligación de dar de alta al trabajador en el Régimen General de la Seguridad Social antes de que inicien su actividad laboral, y tiene también la responsabilidad de determinar la base de cotización que le corresponde a cada empleado y de retener, en las nóminas, la cantidad con la que debe contribuir cada trabajador. Las bases de cotización se determinan en función de la categoría profesional de cada empleado, estableciendo un mínimo y un máximo para cada categoría. Legalmente, se determinan las bases mínimas y máximas, aunque en realidad la norma sólo pretende acotar dichas bases y establecer unos límites y topes comunes para todos. La base real se establece a través de la retribución que recibe el empleado en su nómina. Para cada cobertura existen dos bases de cálculo: la de contingencias comunes (que incluye el salario base, los complementos salariales y la parte proporcional de las pagas extras) y la de contingencias profesionales (que incluye las horas extra). Una vez obtenida las bases de cotización para cada empleado, se procede a calcular la cuota correspondiente para cada situación. El tipo general para contingencias comunes está en el 23,6%, el de contingencias profesionales en el 12%, para la cobertura por desempleo en el 5,5% y para la formación profesional y FOGASA (Fondo de Garantía Salarial), en el 0,6% y el 0,2%, respectivamente. Un trabajador que cobrara como base 1.000 euros brutos implicaría para la empresa un gasta en Seguridad Social de como mínimo 299 euros. Por otro lado, España es el sexto país de la UE con mayor peso de las cotizaciones sociales de los empresarios en los ingresos fiscales. El promedio europeo se encuentra en el 17,8%, mientras que en España se sitúa en 24,4%, según los datos del Instituto de Estudios Económicos (IEE). A la cabeza del ranking está Estonia, el país con mayor peso de las cotizaciones de los empresario en la recaudación de impuestos (31,8%), seguido de la República Checa (27,6%) y de Lituania (27%). Por el contrario, en Dinamarca la Seguridad Social se financia mediante impuestos del Estado y de los municipios, por lo que la contribución de los empresarios apenas roza el 0,1%, al igual que en Suecia (6,4%) y Malta (7,9%).
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