La pérdida económica media en España de las empresas que han sufrido algún tipo de delito económico o fraude asciende a 730.000 euros al año, según estimaciones de diferentes auditoras. A estos costes directos hay que sumarles otros indirectos, tales como: los efectos negativos que la corrupción provoca sobre la imagen de las compañías afectadas, el daño moral que ocasiona el fraude a los propios trabajadores de la empresa o el dinero añadido que cuesta contratar a abogados, peritos, investigadores y auditores que intenten clarificar y responder al fraude empresarial.
"En materia de ética empresarial, a la larga resulta más barato prevenir que curar. Hacer frente a las consecuencias del fraude en una organización puede salir más caro que poner en marcha los mecanismos de prevención y control de riesgos necesarios para evitar la comisión de delitos de carácter económico", señala Gertrudis Alarcón, presidente en España de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados y responsable en Europa de las consultoras antifraude i2 Integrity International y G5 Integritas.
La mayor parte de los delitos se descubren de manera interna, mediante auditorías o denuncias de los propios empleados. "El perfil del delincuente es el de un hombre, de entre 41 y 50 años, que lleva trabajando en la organización entre 6 y 10 años", apunta Alarcón. En este sentido, el Código Penal, será reformado punto arriba o abajo en esta línea, y pondrá más énfasis en la adopción de medidas de prevención de delitos.
Las líneas éticas reducen a la mitad las pérdidas por fraude
Las líneas éticas o canales de denuncias se encuadran en el marco de las políticas empresariales de buen gobierno corporativo. Este tipo de mecanismos favorecen la transparencia y protegen a las organizaciones.
