Una guerra que traspasa con creces los muros de la sede del Fisco. No es un problema interno. Es una tensión secular que ha servido para airear y perseguir el proceso de amnistía fiscal en España o para desacreditar innumerables informes del gabinete de Cristóbal Montoro.
La acusación del caso de la amnistía fiscal relacionada con la Lista Falciani, por ejemplo, está liderada por el sindicato de los técnicos de Hacienda, Gestha. Estos han pedido el procesamiento penal de los ex directivos de la Agencia Tributaria (AEAT) de la era de Zapatero, porque advirtieron a los defraudadores incluidos en la lista de que tenían que aclarar sus cuentas con Hacienda, en vez de abrirles una inspección que podría haber terminado con sus huesos en la cárcel. Y entre los evasores había gente del nivel de Emilio Botín, con cuentas en el banco Suizo HSBC por las que no pagaba al Fisco por valor de miles de millones de euros.
Este caso, aún abierto, es sólo una pequeña muestra de la hiperactividad de Gestha en la escena pública. Pero, entre bambalinas, existe una auténtica guerra abierta entre ellos y los funcionarios con categoría de inspectores de Hacienda. Mientras que estos últimos prácticamente no mantienen relación con la prensa desde hace algo más de un año, los primeros son una fuente segura de información que sirve para poner en duda las cifras oficiales del Ministerio de Hacienda, ya sean sobre la efectividad en la recaudación fiscal o sobre las tasas de morosidad.
Lo último ha sido la durísima crítica del Plan de Control Tributario para 2016 de Cristóbal Montoro porque "deja impune el 81,6% de la evasión fiscal". Según ellos, los ingresos atribuibles a la lucha contra el fraude, 8.346 millones, sólo crecieron un 7,5%, situándose prácticamente al mismo nivel del año 2012.
Guerra laboral
